En la mañana del 10 de noviembre, el Parlamento de Aruba retomó el debate sobre la Rijkswet HOFA, una ley impulsada por el Reino de los Países Bajos que busca imponer un marco de sostenibilidad financiera en la isla. La sesión generó una fuerte controversia política, con la oposición advirtiendo que su aprobación podría significar la pérdida de autoridad financiera y un golpe directo a la autonomía nacional.
El diputado Eduard Pieters, del Partido Patriótico de Aruba (PPA), expresó durante la reunión pública que la voz del pueblo debe ser respetada y que Aruba no puede ceder su derecho a gestionar sus propias finanzas. Pieters recordó que el pasado 30 de enero su partido y el Movimiento Electoral di Pueblo (MEP) solicitaron una sesión abierta para discutir el proceso del Bestuurlijk Akkoord y la Rijkswet HOFA, temas que llevan meses dividiendo al panorama político arubeño.
Según Pieters, el debate se ha convertido en un “juego de culpas”, en el que se señalan a quienes firmaron acuerdos o aprobaron procesos sin explicar claramente las razones detrás de esas decisiones. Por eso, pidió transparencia total para que la ciudadanía conozca quién tomó qué decisiones y en qué se basaron.
El parlamentario también cuestionó al gabinete de coalición AVP-FUTURO, al que acusa de haber hecho campaña sin un plan claro ni visión política definida. Sin embargo, esa coalición logró 17.872 votos en 2024, lo que le otorgó seis escaños y tres más de reposición, una diferencia de apenas 312 votos frente a otros partidos. Pieters señaló que si el PPA, MEP y AVP rechazan la ley juntos, representan más del 50% de los electores y casi el 70% de quienes votaron efectivamente.
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¿Qué es la Rijkswet HOFA y por qué causa tanta preocupación?
La Rijkswet HOFA es una propuesta del Reino de los Países Bajos que busca garantizar finanzas públicas sostenibles en los territorios autónomos caribeños. En el caso de Aruba, establece una supervisión externa sobre el presupuesto nacional, obligando al gobierno local a cumplir con criterios estrictos de disciplina fiscal. En teoría, la medida permitiría acceder a refinanciación de deudas con mejores tasas y mantener un equilibrio presupuestario.
Sin embargo, para la oposición y amplios sectores sociales, esta ley representa un riesgo directo a la autonomía arubeña. Pieters y otros parlamentarios aseguran que, si se aprueba, el Consejo de Ministros del Reino tendría poder para revisar y aprobar el presupuesto de Aruba, lo que implicaría que decisiones fundamentales ya no dependerían del Parlamento local.
El líder del PPA planteó varias preguntas sin respuesta: si la ratificación garantizaría realmente la refinanciación de la deuda. Si habría condiciones ocultas impuestas por los Países Bajos, o cómo funcionaría la Cámara de Presupuesto independiente sin recursos propios. “No se trata solo de números”, dijo Pieters, “sino de nuestra alma nacional. El pueblo de Aruba se ha expresado claramente: no firmaremos una ley que comprometa nuestra libertad democrática”.
