El partido PPA propone evaluar un aumento de la pena mínima por posesión ilegal de armas de fuego en Aruba, con la posibilidad de duplicarla hasta alcanzar los diez años de prisión. La iniciativa busca reforzar las consecuencias penales y enviar un mensaje más contundente a quienes circulan con armamento sin autorización.

La propuesta fue presentada por el parlamentario Eduard Pieters y Señor Otmar Oduber, durante una conferencia de prensa. Ambos plantearon revisar la legislación vigente ante la presencia de armas ilegales y los riesgos que enfrentan los agentes policiales durante sus intervenciones.

Pieters explicó que, después de reunirse con el sindicato policial y distintos funcionarios, identificó la desmotivación entre los agentes como una preocupación importante. Según indicó, los policías se exponen a situaciones peligrosas cuando deben detener a personas que portan armas de fuego.

El parlamentario cuestionó si las consecuencias actuales reflejan la gravedad de esos riesgos. Por ello, PPA considera necesario llevar el asunto al Parlamento y analizar la posibilidad de establecer una pena mínima de diez años.

La discusión se produce mientras las autoridades mantienen acciones para reducir la circulación de armas ilegales. Entre marzo y mayo de 2026, el Cuerpo Policial de Aruba y el Ministerio Público realizaron una campaña para que los ciudadanos entregaran voluntariamente armas, piezas y municiones, de forma anónima y sin enfrentar un proceso penal por esa posesión.

La iniciativa, denominada “Entrégala o iremos a buscarla”, permitió recoger tres armas de fuego y 359 municiones. Una vez concluido el período de entrega voluntaria, las autoridades anunciaron que continuarían con una fase de actuación más estricta contra la posesión ilegal.

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Operativos policiales y debate sobre las penas

En la actualidad, la Policía también está realizando operativos dirigidos a detectar y reducir el porte ilegal de armas, como parte de las acciones de control sobre este problema. Estas medidas se suman a las investigaciones y decomisos que las autoridades han desarrollado durante los últimos meses.

Por su parte, Oduber sostuvo que la posesión ilegal de armas no debe normalizarse en Aruba. También cuestionó que la sociedad tienda a reaccionar con mayor urgencia después de que ocurre un incidente fatal, en lugar de actuar para prevenirlo.

Para PPA, la discusión debe adelantarse a una tragedia. El partido plantea que el Parlamento evalúe la proporcionalidad y efectividad de las penas, así como la diferencia entre poseer ilegalmente un arma y utilizarla para cometer otros delitos.

Por ahora, la duplicación de la pena mínima es una propuesta que deberá ser debatida. El objetivo planteado por el partido es reducir las armas ilegales en las calles y proteger tanto a la población como a los agentes policiales.