Las tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia escalaron esta semana tras el anuncio de nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano, medida vinculada a una creciente disputa arancelaria bilateral. La decisión fue comunicada por la ministra de Ambiente y Energía, quien explicó que el ajuste aplicará al paso del petróleo extranjero por el Oleoducto de Crudos Pesados.
El anuncio ocurre después de que Quito decretara un gravamen del treinta por ciento a importaciones colombianas, argumentando falta de cooperación en seguridad fronteriza y narcotráfico. Bogotá reaccionó de inmediato con un arancel equivalente para una veintena de productos ecuatorianos, además de suspender el suministro de electricidad, elevando la presión diplomática.
Según el gobierno ecuatoriano, la nueva tarifa de transporte tendrá un criterio de reciprocidad frente a decisiones energéticas colombianas, buscando proteger balanza comercial, fronteras y seguridad energética. Las autoridades sostienen que la medida no es aislada, sino parte de una estrategia integral que prioriza intereses nacionales ante un entorno regional incierto.
El arancel general del treinta por ciento comenzará a regir el primero de febrero, aunque se aclaró que electricidad y logística de hidrocarburos quedan excluidas.
Lea también: Cuatro menores mueren en enfrentamiento entre disidencias de las FARC
Capacidad petrolera y efectos en la relación bilateral
El OCP, donde el Estado ecuatoriano mantiene participación mayoritaria, posee capacidad de cuatrocientos cincuenta mil barriles diarios, convirtiéndose en infraestructura clave para el transporte regional. Además, el país cuenta con otro oleoducto que conecta la Amazonía con el Pacífico, con capacidad cercana a trescientos sesenta mil barriles diarios.
Datos oficiales del Banco Central señalan que la producción nacional alcanzó cuatrocientos sesenta y nueve mil barriles por día, movilizando una porción relevante mediante el OCP. Aproximadamente el treinta y nueve por ciento del volumen total se trasladó por esa infraestructura, reflejando la importancia estratégica del sistema para exportaciones.
Aunque Ecuador exporta crudo, depende de la compra de combustibles procesados, situación que explica por qué la electricidad quedó fuera del nuevo esquema. Desde el Ejecutivo remarcan que cada decisión responde a la necesidad de preservar estabilidad económica y soberanía energética, evitando vulnerabilidades frente a presiones externas.
Con este ajuste tarifario, la relación comercial atraviesa un momento delicado, mientras ambos gobiernos mantienen medidas recíprocas que podrían redefinir intercambios energéticos y fronterizos. La ministra reiteró que la prioridad seguirá siendo la seguridad nacional y el equilibrio financiero, dejando abierta la puerta a diálogos futuros.
