Estados Unidos anunció el fin de los programas de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras que cuentan con permisos de residencia temporal, conocidos como “parole”. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esta medida busca poner fin al uso indebido de estos permisos, que permitían a personas insuficientemente evaluadas eludir el proceso tradicional de solicitud. El DHS explicó que el gobierno no concibió los permisos temporales para este uso, y que evaluará cada caso individualmente a partir de ahora, siguiendo lo dispuesto por el Congreso.
La medida se suma a acciones previas de la administración estadounidense. En marzo, el gobierno de Donald Trump revocó el estatuto de residencia temporal de 532.000 migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Los tribunales cuestionaron esta decisión, y la Corte Suprema ratificó que el gobierno podía aplicar la medida de forma provisional mientras las instancias judiciales inferiores resolvían las controversias. Según el DHS, la cancelación de los programas de reunificación familiar responde a la necesidad de prevenir fraudes, abusos y proteger la seguridad nacional y pública, indicando que los procesos anteriores presentaban brechas por verificaciones insuficientes.
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Impacto y antecedentes de los programas de parole
El gobierno implementó en 2023 los programas de Family Reunification Parole (FRP) para ciudadanos de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras durante la presidencia de Joe Biden. El gobierno creó los programas para Cuba y Haití en 2007 y 2014, y los actualizó en agosto de 2023. El DHS subraya que parole es temporal y no otorga estatus migratorio ni permite la admisión formal en Estados Unidos. La medida impacta directamente el derecho de muchos ciudadanos a reunir a sus familias, generando preocupación en los países afectados.
La administración de Trump ha enfatizado desde sus campañas la necesidad de deportar a millones de migrantes en situación irregular, y ha movilizado la maquinaria gubernamental hacia ese objetivo. Esta semana, el DHS informó haber logrado la salida del país de más de 2,5 millones de inmigrantes ilegales, incluyendo 605.000 deportaciones forzadas y cerca de 1,9 millones de salidas voluntarias. La decisión de cancelar los programas FRP refleja la combinación de políticas migratorias estrictas y evaluaciones de seguridad que la administración considera prioritarias frente a la reunificación familiar.
El cambio marca un nuevo capítulo en las políticas migratorias de Estados Unidos, afectando tanto a familias separadas como a los procedimientos de entrada legal temporal, y abre un debate sobre seguridad, derechos humanos y regulaciones internacionales.
