El Gobierno de Estados Unidos anunció una drástica medida para enfrentar la crisis que atraviesa el sistema de aviación civil. A partir del viernes, el Departamento de Transporte pedirá a las aerolíneas reducir sus vuelos para aliviar la presión sobre el control aéreo, afectado por el alto ausentismo derivado del prolongado cierre gubernamental. Este cierre, que ya alcanza los 36 días, es el más largo en la historia del país y ha dejado sin salario a miles de empleados federales.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que se implementará una reducción del 10% de la capacidad en 40 aeropuertos, incluyendo los más transitados de Estados Unidos. “Nos hacen falta 2.000 controladores aéreos”, dijo. Explicó que la medida busca evitar sobrecargas de trabajo y garantizar la seguridad aérea. Desde el 1 de octubre, decenas de miles de funcionarios públicos permanecen sin pago, y algunos han optado por no presentarse a sus labores, agravando la situación.

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El impacto del cierre en la aviación

Más de 60.000 controladores y agentes de seguridad del transporte forman parte del grupo de trabajadores que continúa en funciones sin percibir salario. Según el jefe de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, muchos empleados han decidido no asistir al trabajo tras semanas sin remuneración. Por eso, la FAA solicitó a las aerolíneas colaborar en la reducción de vuelos para evitar el colapso operativo. “Podemos tomar medidas hoy para evitar que la situación empeore”, aseguró Bedford.

El funcionario enfatizó que el sistema aéreo estadounidense sigue siendo extremadamente seguro, pero advirtió que podrían adoptarse medidas adicionales si la presión laboral persiste. Con más de 35 años de experiencia en el sector, Bedford reconoció que nunca había presenciado una situación similar. “A nuestros controladores no les pagan desde hace un mes. Estamos ansiosos por volver a la normalidad”, afirmó.

Los trabajadores activos realizan horas extras y más días de turno para suplir la ausencia de sus compañeros. La FAA pretende reducir la carga de trabajo antes de que el déficit de personal afecte la seguridad o la puntualidad de los vuelos. Bedford reiteró que la prioridad es preservar la estabilidad del sistema aéreo mientras se busca una salida política a la crisis presupuestal que paraliza al gobierno federal.