La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves la prisión perpetua para menores de 18 años involucrados en homicidios, violaciones y terrorismo. La medida se toma en el marco de la llamada “guerra antipandillas” que cumple cuatro años bajo la administración de Nayib Bukele. La reforma se realizó para fortalecer la legislación contra delitos graves, buscando brindar seguridad a las familias y un control más estricto sobre los jóvenes criminales.
La decisión se formalizó en el Congreso unicameral el 17 de marzo, y fue ratificada por 58 de los 60 diputados. La reforma modifica la Ley Penal Juvenil, incorporando la pena de prisión perpetua dentro del catálogo de castigos excepcionales. El objetivo es impedir que homicidas, violadores y pandilleros vuelvan a las calles, mientras se contemplan revisiones periódicas para evaluar rehabilitación y riesgo antes de otorgar libertad controlada.
Lea también: Tribunales anónimos y pena de muerte: las medidas que dividen al Perú
Cambios clave y revisiones periódicas
El texto de la reforma establece que los procedimientos especiales juveniles dejarán de aplicarse en los delitos graves. Los tribunales de lo Criminal tendrán competencia exclusiva para juzgar tanto a adultos como a menores que cometan crímenes sancionados con prisión perpetua. Estas cortes también realizarán revisiones obligatorias: permitirán que los menores accedan a libertad controlada tras cumplir 25 años, y revisarán a los adultos entre 30 y 40 años de condena.
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, aseguró que la medida da tranquilidad a las familias salvadoreñas, garantizando que los criminales más peligrosos no regresarán a las calles. Mientras, diputados de oposición, como Francisco Lira, expresaron preocupación por posibles errores judiciales y que ciudadanos inocentes puedan verse afectados.
El mismo jueves, el parlamento prorrogó por 30 días el régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, justo cuando se cumplen cuatro años de esta política. Por un lado, fuentes oficiales reportan que las autoridades detuvieron a 91.650 presuntos pandilleros. Además, liberaron a unos 8.000 por no tener vínculos con pandillas, según informes de derechos humanos. ONGs alertan que aún muchos inocentes permanecen encarcelados bajo la actual legislación.
