ORANJESTAD, Aruba – Un estudio realizado en 2022 por el experto Dr. Friedrich Schneider y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (DEACI) reveló que el 19,7 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Aruba está conformado por unidades productivas informales.
El informe cuantifica, por primera vez en Aruba, los índices de la informalidad laboral y sus efectos en la economía nacional, y busca combatir el fenómeno a través de la implementación de mecanismos que incentiven la formalización.
El análisis de la economía informal se basa en las estadísticas registradas durante el periodo 1991- 2019, cuando alcanzó un equivalente al 18,8 % del Producto Interno Bruto, mientras que en 2020 estos valores ascendieron a 19,7 % del PIB. Se estima que este último número puede estar relacionado con el impacto al sector turismo tras la pandemia del COVID-19.
De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española (RAE) se define “informal” como aquello que no guarda las formas y reglas prevenidas. Aplicado a nivel nacional puede definirse como una fuente de actividad económica que incumple las leyes vigentes en su totalidad. Esto se debe a que alguien vende un producto o servicio, pero no está registrado en la Cámara de Comercio, no tiene licencia comercial, no paga tributos o desempeña sus servicios sin un contrato laboral.
Causas y Efectos
Esos mismos estudios han diagnosticado las causas de la informalidad. Se menciona que factores culturales tienen un efecto importante en el sobreúso del sector, aspectos normativos y legislativos, la percepción de su bajo costo de uso, la evasión de impuestos, y la falta de información.
Esta elevada participación del sector informal tiene efectos perversos en la productividad del país y en su crecimiento económico. Por ejemplo, los empresarios informales no pagan impuestos, seguridad social, ni contribuyen al fondo de pensiones, a los ingresos del Estado, ni a la caja del seguro médico AZV. Además, emplean a trabajadores bajo condiciones de baja remuneración, sin derechos laborales y sin integrarlos a la seguridad social, que genera complejas situaciones financieras en el futuro. Así mismo, repercuten en el comercio formal por sus precios competitivamente desleales.
Plan de acción
“Nuestro desarrollo económico depende en gran medida de que nuestros comerciantes inviertan, generen empleos y cumplan las leyes. Es importante garantizar una competencia justa y equitativa.
Los consumidores necesitan estar seguros de que, cuando compran un producto o servicio, su compra esta protegida por la ley”, declaró el ministro de Asuntos Económicos, Geoffrey Wever.
Uno de los objetivos de Wever es reducir la informalidad e incentivar la formalidad. A este respecto, Wever presentó el 17 de mayo un plan de acción que busca reducir la informalidad y promover la formalidad. En estrecha colaboración con el DEACI, el mandatario plantea introducir a corto plazo una campaña informativa y la elaboración de una investigación detallada de las características del sector informal.
Por otra parte, la iniciativa también promueve la formalización del empleador y empleado, incentivar al consumidor, educar y concientizar, modernizar las instituciones estatales, establecer sanciones y un sistema eficaz de detección.
