La paralización del transporte público en Lima reflejó nuevamente el nivel crítico de inseguridad que enfrenta la ciudad y el temor creciente entre conductores víctimas del crimen organizado. Cientos de empresas apagaron sus motores como acto de protesta frente a la extorsión constante y los asesinatos que afectan directamente al sector.
La movilización se produjo tras nuevos atentados registrados en los primeros días del año, incluido el asesinato de un chofer, hecho que profundizó el malestar. Trabajar se ha convertido en una actividad de alto riesgo, señalaron los gremios, que denuncian amenazas diarias y ataques armados contra vehículos en servicio.
Desde tempranas horas, buses y combis dejaron de circular en distintos distritos, afectando la movilidad de miles de ciudadanos en la capital peruana. El paro buscó visibilizar la desesperación de los conductores, quienes aseguran que la violencia no se ha detenido pese a las medidas gubernamentales vigentes.
Los dirigentes del transporte recordaron que Lima permanece bajo estado de emergencia desde hace tres meses, con presencia militar junto a la policía nacional. La sensación de inseguridad persiste, ya que las bandas criminales continúan operando con violencia y total impunidad, según denunciaron públicamente.
En apenas once días del año se registraron al menos diez atentados contra unidades de transporte público, situación que ha reducido drásticamente el número de conductores activos. Muchos choferes han optado por abandonar el oficio, al considerar que su vida corre peligro cada vez que salen a trabajar.
Durante la jornada, los manifestantes marcharon bajo un fuerte dispositivo policial portando carteles de rechazo a las organizaciones criminales. La protesta se desarrolló de forma vigilada, mientras los transportistas exigían respuestas claras y acciones inmediatas del Estado.
La crisis de seguridad fue uno de los factores que precipitó la destitución de la expresidenta Dina Boluarte en octubre pasado, según recuerdan los gremios. El actual mandatario, José Jerí, asumió el cargo en medio de una situación marcada por el descontrol del crimen organizado.
En pleno paro, Jerí se reunió con representantes del transporte y prometió reforzar la seguridad y promover nuevas leyes. Los dirigentes advirtieron que las promesas ya no son suficientes, y exigieron resultados concretos para proteger a los trabajadores.
Las organizaciones criminales exigen pagos mensuales que pueden alcanzar los 50.000 soles a las empresas de transporte, según denuncias del sector. Cuando se niegan a pagar, los ataques se ejecutan incluso con pasajeros a bordo como método de intimidación.
Más de 50 conductores fueron asesinados durante 2025 en Lima y Callao, de acuerdo con el principal gremio del sector. La violencia se ha normalizado, alertaron los transportistas, quienes reclaman protección urgente.
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Inseguridad y cifras que agravan la crisis
Las estadísticas oficiales refuerzan la magnitud del problema que enfrentan los transportistas en Perú. En 2025 se registraron más de 25.000 denuncias por extorsión, lo que representa un aumento del 20% frente al año anterior.
Para el sector, la protesta no responde a intereses políticos, sino a la necesidad de sobrevivir. Exigen trabajar sin miedo, mientras la inseguridad sigue cobrando vidas en las calles de Lima.
