La denuncia internacional por la muerte de un pescador colombiano alcanzó esta semana un nuevo nivel. La familia de Alejandro Carranza, quien falleció tras un bombardeo ordenado por el gobierno de Donald Trump, presentó un caso formal ante la CIDH. La acción judicial busca responsabilizar a Estados Unidos por el ataque ocurrido en el Caribe. El hecho se suma a una cadena de más de 80 muertes registradas por acciones similares.
La versión oficial estadounidense asegura que las embarcaciones atacadas transportaban droga, pero la familia insiste en que Carranza salió a pescar desde Santa Marta y nunca tuvo vínculos con actividades ilícitas. El relato de los allegados plantea un conflicto diplomático creciente entre Bogotá y Washington.
El especialista en derechos humanos Dan Kovalik, abogado del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, representa también a la familia Carranza. Su denuncia ante la CIDH señala de manera directa a Pete Hegseth, secretario de Defensa estadounidense, como responsable de las órdenes de ataque. El documento acusa además al presidente Trump de ratificar esas decisiones militares.
Los cuestionamientos a la legalidad de los bombardeos han aumentado. Organismos internacionales como la ONU han advertido sobre muertes sin juicio y posibles violaciones al derecho internacional humanitario. La familia afirma que Carranza desapareció después de salir a pescar el 15 de septiembre, y su cuerpo fue hallado días después. La viuda, Katerine Hernández, lo describió como un “muchacho de bien”. El pescador dejó cuatro hijos, y la denuncia indica que su familia ahora enfrenta amenazas de grupos paramilitares.
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Tensiones y repercusiones diplomáticas en ascenso
El presidente Gustavo Petro expresó su respaldo a la familia y calificó estas muertes como “ejecuciones extrajudiciales”. La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa así uno de sus momentos más tensos. Washington retiró recientemente la certificación antidrogas a Colombia, mientras aumentan las sanciones contra Petro y su círculo cercano.
Trump sostiene que el gobierno colombiano no está haciendo lo suficiente contra el narcotráfico, pese a que Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. La Casa Blanca anunció que continuará con los bombardeos contra embarcaciones, incluso después de críticas por ataques repetidos a la misma lancha para eliminar sobrevivientes.
Expertos consultados por AFP consideran que la estrategia no ha reducido la producción de droga. Afirman que los bombardeos responden más a la agenda política interna de Trump. El mandatario estadounidense dijo además que su próximo paso es una acción terrestre, enfocada principalmente en Venezuela. No descartó operaciones en territorio colombiano, lo que aumenta las tensiones regionales.
Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que los ataques buscan derrocarlo, en medio de un tercer mandato altamente cuestionado.
La familia Carranza insiste en que su caso demuestra los costos humanos de esta política militar. Su denuncia busca justicia y reconocimiento en medio de un conflicto que crece en complejidad, y que redefine la relación entre Washington, Bogotá y Caracas.
