Los testimonios de familiares de presos políticos en Venezuela volvieron a escucharse con fuerza este martes. Durante una manifestación frente a la sede del Ministerio Público, ellos solicitaron abrir investigaciones formales por las denuncias de torturas y desapariciones forzadas en centros de reclusión del estado Miranda. La protesta reunió a unas treinta personas que llevaron pancartas y mensajes dirigidos al fiscal.
De acuerdo con la oenegé Foro Penal, en el país permanecen 882 detenidos por motivos políticos, muchos denunciados por allegados como víctimas de tratos crueles e inhumanos. Las familias insistieron en que el Ministerio Público debe investigar la “omisión” frente a estos delitos en las cárceles de Rodeo I y Yare II. La concentración buscó visibilizar lo que describen como una situación urgente.
Aislamiento prolongado y testimonios directos
Una de las voces más firmes fue la de Hiovanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas. Él permanece detenido por su presunta participación en el atentado con drones contra el presidente Nicolás Maduro ocurrido en 2018. Ávila explicó que su hermano y otros tres reclusos llevan 21 días en aislamiento dentro de Rodeo I. Según detalló, permanecen esposados las 24 horas, sin ropa, con poca alimentación y acceso limitado al agua. Para ella, se trata de un trato cruel que debe investigarse de inmediato.
Los manifestantes vistieron camisas blancas con la frase “Liberen a los presos políticos”, símbolo de su exigencia de justicia. También entregaron un documento en el que denuncian desapariciones forzadas ocurridas en centros como Fuerte Guaicaipuro, donde cuatro militares llevan ocho meses sin ser localizados, según relató la vocera Sandra Hernández. Su llamado apunta a que no se trata de casos aislados, sino de una práctica que requiere respuestas estatales.
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Militares desaparecidos y alertas internacionales
Hernández también afirmó que en la prisión de Ramo Verde dieciséis militares que cumplieron condena siguen desaparecidos, sin información oficial sobre su situación. Además, señaló que veinte personas fueron sacadas del Helicoide y no han vuelto a aparecer. Estas denuncias coinciden con advertencias recientes de organizaciones de derechos humanos que alertan sobre un incremento en el hostigamiento contra activistas y opositores.
A finales de septiembre, una misión de expertos de la ONU indicó que la persecución política en Venezuela se intensificó tras la cuestionada reelección de Maduro. La proclamación del mandatario desató protestas que dejaron 2.400 detenidos, aunque la mayoría fue liberada después. Para los familiares, sin embargo, el patrón de abusos continúa y exige respuestas claras del Estado venezolano.
