El Tribunal de Primera Instancia de Aruba resolvió este miércoles dos casos de juicio sumario relacionados con la prohibición y retiro de scooters en la vía pública, en un proceso que enfrenta al Gobierno con arrendadores del servicio. La decisión surge tras medidas adoptadas por el ejecutivo en abril de 2026, cuando se prohibió el uso de patinetes eléctricos y se iniciaron acciones de retiro y confiscación en distintas zonas del territorio, generando la disputa judicial actual.

El conflicto se originó entre arrendadores de scooters y el Gobierno de Aruba, luego de que estos solicitaran que se detuviera la confiscación de sus equipos, mientras el Gobierno presentó una contrademanda para su retiro total del espacio público.

El Tribunal evaluó ambas posiciones y determinó que, en este momento, no se pueden retirar los patinetes sin seguir el procedimiento legal correspondiente establecido por la normativa vigente.

Lea también: Tras años de desorden, anuncian zona permanente para desechos

El Tribunal exige procedimiento legal antes de cualquier medida

La decisión judicial establece que el Gobierno de Aruba no puede proceder al retiro inmediato de los scooters ni de las estaciones de carga instaladas en la vía pública. El Tribunal señaló que cualquier acción debe realizarse mediante un proceso formal, que incluya notificación previa, identificación de la norma aplicable y un plazo razonable para cumplir con las órdenes administrativas.

Asimismo, se determinó que los arrendadores tampoco están obligados actualmente a retirar sus equipos del espacio público, hasta que el Gobierno inicie el procedimiento legal correspondiente. Esto implica que debe enviarse una comunicación oficial en la que se explique por qué se considera que las operaciones pueden estar en incumplimiento de la ley.

El fallo aclara que la decisión no autoriza la permanencia indefinida de los scooters en las calles, ya que tanto operadores como usuarios deben cumplir con la normativa vigente. Sin embargo, el Tribunal enfatiza que las acciones del Gobierno deben respetar los procedimientos establecidos antes de ejecutar cualquier medida de retiro o sanción.

Con esta resolución, el caso queda condicionado a que las autoridades inicien el proceso administrativo adecuado, lo que definirá el futuro de los scooters en el espacio público de la isla.