El Gobierno de Aruba prepara nuevas medidas para controlar los alojamientos turísticos que operan mediante plataformas como Airbnb, en medio de cuestionamientos por el crecimiento de esta actividad en zonas donde su funcionamiento está limitado por las disposiciones del ROPV (Plan de Desarrollo Espacial con Reglamentos). El ministro René Herde señaló que la falta de regulación y supervisión ha permitido que estos negocios se extiendan sin suficiente control, mientras aumenta la presión sobre el mercado de viviendas y terrenos para los residentes.

Durante una entrevista con Noticia Impacto, el ministro explicó que el ROPV ya establece disposiciones sobre las áreas donde se permite desarrollar actividades de alquiler turístico. Como ejemplo, indicó que en el centro de Oranjestad existe un límite de 100 unidades, mientras que en la zona norte se permite una cantidad mayor. En otras áreas, esta actividad no está permitida.

Sin embargo, Herde reconoció que la falta de una política clara y de controles efectivos ha provocado que algunas personas compren propiedades, construyan y desarrollen negocios de alquiler turístico en lugares donde, según las disposiciones existentes, no deberían operar.

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Gobierno prepara registro para identificar los alojamientos

Como primera medida, el Ejecutivo trabaja en un sistema de registro obligatorio para los negocios que ofrecen alojamiento mediante Airbnb, independientemente de que se trate de casas, apartamentos o edificios completos.

El ministro explicó que el Gobierno necesita conocer cuántas unidades existen, dónde están ubicadas y qué tipo de instalaciones ofrecen. Esta información permitirá establecer mecanismos de control y determinar cómo se debe gestionar la actividad en las diferentes zonas de Aruba.

La iniciativa también busca verificar que los operadores cumplan con sus obligaciones tributarias y con los estándares de calidad que exige el sector turístico. Herde señaló que no se pretende eliminar este tipo de negocio, sino establecer condiciones para que funcione de acuerdo con las normas y sin perjudicar otros intereses económicos y sociales de la isla.

El ministro relacionó esta regulación con las dificultades que enfrentan los residentes para acceder a una vivienda, debido al aumento de los precios de las casas y los terrenos y a la limitada disponibilidad de propiedades para alquiler.

Herde indicó que el grupo encargado ya trabaja en el proyecto y que próximamente se espera divulgar información sobre los requisitos y el procedimiento de registro. No obstante, durante la entrevista no precisó una fecha de entrada en vigor ni detalló las sanciones que podrían aplicarse a quienes incumplan las disposiciones.