El Gobierno de Aruba avanza en la implementación de una ley para regular el interés máximo en créditos al consumidor, una medida presentada como clave para la protección financiera de los hogares. La iniciativa fue expuesta en el Parlamento de Aruba por el Ministerio de Finanzas, junto al Banco Central de Aruba, ante la comisión CFOCS. 

La propuesta busca establecer un límite legal a las tasas de interés que pueden cobrar los prestamistas, con el objetivo de evitar el sobreendeudamiento de las familias y reducir el impacto de los costos financieros en la economía doméstica. La normativa también contempla controles sobre cargos por mora, costos de cobranza y pagos anticipados, con la intención de crear un sistema más equilibrado y transparente para los consumidores. 

Regulación gradual y control del sistema crediticio

Durante la presentación, el ministro Wever explicó que la ley, aprobada en 2022, aún no ha entrado en vigor debido a su complejidad técnica. Según indicó, la definición del porcentaje máximo de interés requiere análisis especializados, considerando los distintos tipos de crédito y la dinámica del mercado financiero en la isla. 

Por esta razón, el gobierno ha decidido aplicar el límite de forma gradual, inicialmente por un periodo de un año, con monitoreo constante para evaluar su impacto. La medida busca evitar alteraciones bruscas en el sistema financiero y permitir la adaptación tanto de consumidores como de prestamistas. 

Otro componente clave de la ley es la creación de un registro de crédito nacional, similar al sistema BKR de los Países Bajos, que permitirá evaluar la capacidad real de endeudamiento de cada persona antes de otorgar nuevos préstamos. Una unidad especializada dentro del Banco Central supervisará este sistema.

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Entrada en vigor y objetivo social

La implementación total de la ley está prevista para el 1 de enero de 2027, mientras que la regulación de interés máximo podría comenzar a aplicarse desde julio de 2026. 

Wever enfatizó que la medida no solo tiene un enfoque económico, sino también social, al buscar proteger a las familias de ciclos de deuda y promover una mayor estabilidad financiera en los hogares de Aruba.