El Gobierno de Aruba dio un paso clave en materia de política social e inclusión, al presentar formalmente un proyecto de ley dirigido a padres con hijos en condición de discapacidad. La iniciativa busca corregir una exclusión histórica del sistema de compensaciones vigente.
El primer ministro Mike Eman y el ministro de Asuntos Sociales, Mervyn Wyatt-Ras, entregaron en la Sala del Consejo de Ministros la iniciativa denominada Ley de Discapacidad (Disability Uitkering). Ambos funcionarios explicaron que el proyecto responde a una necesidad social urgente, debido a los altos costos que implica la atención de niños con limitaciones físicas o mentales. Según Eman, muchas familias enfrentan cargas económicas que superan ampliamente lo que la comunidad suele percibir.
El primer ministro recordó que el proyecto había sido discutido anteriormente en el Parlamento. Sin embargo, presiones políticas y trámites prolongados impidieron que avanzara, pese a los reiterados llamados de padres e instituciones. Con la llegada del nuevo gobierno el pasado 28 de marzo, el trabajo legislativo se reactivó de inmediato, permitiendo que el texto esté listo para iniciar su proceso final de aprobación.
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Prestación económica y ampliación del rango de edad
Uno de los cambios más importantes del proyecto es la ampliación del rango de edad de los beneficiarios, que pasará de un esquema limitado a incluir niños y jóvenes desde los 0 hasta los 18 años. La ley permitirá que los padres soliciten una prestación por discapacidad cuando se detecte una limitación en el menor, especialmente en casos que requieren cuidado intensivo y atención especializada.
Esta ayuda económica cubrirá gastos como alimentación especial, terapias, pruebas médicas, cuidado y adaptaciones en el hogar, cuando sean necesarias. Las autoridades informaron que el monto inicial será de 500 florines por cada niño, aplicable a todos los solicitantes. Las autoridades podrán evaluar y ajustar este valor según el número de inscritos.
El Consejo de Ministros ya aprobó el proyecto y asignó recursos en el presupuesto de 2026. Se espera que la ley entre en vigor el 1 de junio de 2026, tras completar su trámite legal.
