Un tribunal de Aruba falló a favor del Gobierno en un caso relacionado con empresas que alquilan scooters eléctricos en espacios públicos sin contar con el permiso correspondiente. La decisión establece que las compañías deberán pagar una multa coercitiva de 500 florines por cada vehículo si incumplen la orden judicial.

El ministro de Justicia, Arthur Dowers, conoció el fallo este miércoles 16 de septiembre y anunció que tomará medidas para impedir que estos vehículos continúen ocupando la vía pública. Las empresas deberán retirar los scooters de las calles o asumir las consecuencias económicas establecidas por las autoridades.

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El permiso que tenían no autorizaba el negocio

Según lo expuesto tras la decisión, las empresas actualmente disponen de vehículos destinados al alquiler, pero no cuentan con un permiso para operar ese negocio en la vía pública. El único permiso temporal obtenido anteriormente estaba relacionado con la instalación de un soporte para transportar bicicletas.

Ese permiso fue concedido una sola vez y posteriormente no volvió a otorgarse. De acuerdo con la posición expresada por el ministro, la autorización para colocar el soporte no podía utilizarse como permiso para desarrollar la actividad comercial con los scooters.

La sentencia también establece que el hecho de haber solicitado un permiso no significa que las empresas puedan continuar realizando actividades comerciales mientras esperan una autorización. El juez señaló que una solicitud de permiso no concede el derecho a mantener un negocio ilegal en terrenos públicos.

Dowers sostuvo que ya había señalado anteriormente la situación a los operadores y les había indicado que debían retirar los vehículos de las calles. El ministro considera que el fallo judicial modifica ahora el escenario y permite avanzar con las medidas anunciadas.

Las autoridades indicaron que los operadores pueden decidir retirar los vehículos o continuar exponiéndose a multas que actualmente ascienden a 500 florines por unidad. Dowers agregó que, si las empresas mantienen la actividad bajo esas condiciones, el Gobierno aplicará las sanciones correspondientes.

El ministro afirmó además que existen otros negocios que operan fuera de las reglas y aseguró que las autoridades actuarán progresivamente para recuperar espacios públicos. “No se puede seguir tolerando cosas ilegales”, manifestó Dowers al referirse al cumplimiento de las normas.