GUATEMALA – El Congreso de Guatemala aprobó este martes una ley que declara a las pandillas como organizaciones terroristas, en respuesta a la creciente ola de violencia que vive el país. La decisión llega tras la fuga de 20 líderes del grupo Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, un hecho que desató alarma nacional y evidenció las fallas en el sistema penitenciario.
El nuevo marco legal endurece las penas contra la extorsión, aumentando la condena máxima de 12 a 18 años. También establece sanciones más severas para pandilleros y reclutadores de menores, buscando desarticular las redes criminales que operan en las calles y dentro de las prisiones.
El diputado Elmer Palencia, del partido Valor, celebró la aprobación del decreto, calificándolo como un paso “clave” para recuperar la seguridad y la tranquilidad ciudadana. Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo respaldó la medida, afirmando que permitirá fortalecer la lucha contra las maras, aunque aclaró que no adoptará el modelo de El Salvador implementado por Nayib Bukele.
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Reacción internacional y crisis penitenciaria
La fuga de los pandilleros provocó una ola de críticas. La fiscalía investiga si hubo complicidad de funcionarios penitenciarios, mientras que hasta el momento solo cuatro fugados han sido recapturados.
Ante la presión internacional, Estados Unidos calificó el escape como “inaceptable”, lo que llevó a Arévalo a remover a la cúpula de seguridad y ordenar la construcción de una cárcel de máxima seguridad para líderes criminales.
Washington ya había declarado al Barrio 18 y la Mara Salvatrucha como organizaciones terroristas, reforzando la cooperación con Guatemala para combatir el crimen organizado. Según datos oficiales, unas 12.000 personas integran o colaboran con las pandillas, mientras que otras 3.000 se encuentran en prisión.
El país enfrenta una escalada de homicidios: la tasa subió de 16,1 a 17,65 por cada 100.000 habitantes entre 2024 y 2025, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.
Con esta medida, el gobierno busca recuperar el control de la seguridad interna y enviar un mensaje contundente al crimen organizado. La tarea será difícil porque las pandillas mantienen un fuerte poder territorial y estructuras de corrupción profundamente arraigadas en el país.
