El panorama judicial de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se complica con una nueva imputación de la Fiscalía General de la Nación. Este lunes, la Fiscalía acusó al primogénito del mandatario de seis delitos relacionados con corrupción, ampliando el proceso penal que ya lo involucra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La audiencia se realizó de forma virtual y giró en torno a un contrato que Petro firmó cuando era diputado del Atlántico (2020-2023). Según el ente acusador, los responsables destinaron irregularmente los fondos que debían canalizar recursos para adultos mayores y niños con discapacidad. La Fiscalía le imputó cargos por peculado, falsificación de documentos y celebración indebida de contratos.
El hijo del jefe de Estado ya enfrentaba un juicio previo por presuntamente haber recibido dinero de un exnarcotraficante durante la campaña presidencial de 2022. En ese entonces, la justicia lo detuvo brevemente en 2023, aunque posteriormente obtuvo la posibilidad de defenderse en libertad condicional.
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Un proceso que vuelve a golpear al gobierno
El caso más reciente se origina tras los testimonios de su exesposa, quien lo señaló de haber recibido grandes sumas de dinero en efectivo de Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El Hombre Marlboro”, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Nicolás Petro reconoció en su momento haber recibido parte de esos recursos, aunque afirmó que no los destinó a la campaña presidencial de su padre
Su defensa ha pedido que esa declaración no sea considerada en el proceso actual, argumentando que fue obtenida bajo presión de un fiscal. Mientras tanto, el hijo del presidente continúa bajo la lupa judicial, enfrentando una pérdida de credibilidad que impacta directamente en la imagen del Gobierno Nacional.
El exdiputado, quien fue una de las figuras visibles de la campaña en el Caribe colombiano, residía en Barranquilla, donde llevaba un estilo de vida marcado por el lujo y la exposición mediática. Su detención en 2023 le costó el escaño político y profundizó el distanciamiento con sectores que alguna vez lo apoyaron.
Desde octubre, el presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado sus ataques hacia Gustavo Petro, acusándolo, sin pruebas, de ser un “líder del narcotráfico”. En consecuencia, Washington impuso sanciones financieras contra el mandatario y su círculo más cercano, entre ellos su propio hijo.
Esta medida, según la defensa de Nicolás Petro, le ha impedido cubrir gastos personales. De hecho, no asistió presencialmente a una audiencia en Barranquilla, alegando falta de recursos para costear los pasajes debido a las restricciones económicas derivadas de las sanciones de Estados Unidos.
La situación deja a Colombia en medio de un escándalo político y judicial que combina acusaciones de corrupción, tensiones diplomáticas y un debate nacional sobre la ética en la política. Todo mientras el Gobierno intenta mantener su agenda de reformas sociales y de paz en medio de un creciente clima de desconfianza pública.
