Los hijos de personas detenidas en la guerra antipandillas impulsada por el presidente Nayib Bukele enfrentan consecuencias que los han dejado traumatizados, estigmatizados y en pobreza extrema. Tras la detención de más de 91.000 personas, miles de menores quedaron separados de sus padres, muchos de ellos inocentes según grupos de derechos humanos. En El Rosario, 50 km al este de San Salvador, Jade, de 16 años, debe trabajar en la granja de su abuela tras la detención de su padre en agosto de 2023, mientras enfrenta burlas de sus compañeros.
El padre de Jade, José Urquía, de 37 años, no tenía antecedentes penales y padece insuficiencia renal, según documentos oficiales. Fue detenido al llegar deportado de Estados Unidos, acusado de pertenecer a “agrupaciones ilícitas”. La familia considera que los motivos fueron tatuajes con el nombre de sus hijos. Mientras tanto, Jade y su hermano de 13 años sobreviven con ingresos de la pequeña granja y remesas enviadas por su madre desde Estados Unidos, reflejando el impacto económico de la detención en familias humildes.
Según la oenegé Cristosal, unos 62.000 menores de 15 años podrían haber sufrido abandono a causa de la política de mano dura, que incluye arrestos sin orden judicial desde 2022. Distintas organizaciones denuncian las detenciones arbitrarias y torturas, mientras el gobierno reconoce que liberó a 8.000 personas por falta de pruebas. El estigma pesa sobre los niños, quienes cambian de escuela o abandonan los estudios para trabajar, contribuyendo a la economía familiar y enfrentando un trauma emocional silencioso.
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Crisis silenciosa y consecuencias intergeneracionales
Casos como el de los gemelos Carmen y Manuel, de Zacatecoluca, muestran cómo la detención de un padre cambia la vida de los hijos. Desde junio de 2022, los hermanos ayudan con el sustento de tres menores, trabajando como albañil o limpiando casas. Carmen, de 17 años, asegura que “me quitaron la infancia”, pero pese a todo terminó su bachillerato con honores. Cristosal advierte que la situación afectará décadas futuras, mientras Socorro Jurídico reporta 470 muertos en prisión bajo el régimen de excepción. El gobierno, a través de Conapina, afirma brindar apoyo psicológico y económico a familias cuidadoras, aunque reconoce que algunos padres detenidos fueron responsables de vulneraciones a sus hijos.
