El presidente Gustavo Petro decretó este lunes 29 de diciembre un aumento histórico del salario mínimo en Colombia que regirá desde el 1 de enero de 2026, tras un año de negociaciones difíciles entre el Gobierno, empresarios y sindicatos. El presidente anunció la medida en una alocución la noche del lunes y marcó uno de los incrementos salariales más altos de las últimas décadas, superando ampliamente los porcentajes de años anteriores.
El nuevo salario mínimo legal mensual vigencia para 2026 será de 1’746.882 pesos colombianos sin auxilio de transporte, equivalente a un incremento de alrededor del 23,7% respecto a 2025. Al incluir el auxilio de transporte, que también fue actualizado y quedará en 253.118 pesos, el llamado salario mínimo vital alcanzará un total cercano a 2 millones de pesos al mes.
Este ajuste supera con creces la propuesta empresarial de alrededor del 7,2% y la sugerencia de los sindicatos de un alza cercana al 16%, lo que llevó al Gobierno a imponer el aumento por decreto después de que la mesa de concertación no lograra un consenso.
“El salario vital, familiar y no individual, porque los trabajadores no viven solos…”, dijo Petro en su intervención, defendiendo la decisión de priorizar el poder adquisitivo de millones de colombianos y la cobertura de necesidades básicas en medio de los retos económicos del país. Petro explicó que este aumento busca garantizar condiciones de vida más dignas para las familias trabajadoras y contribuir a la reducción de la desigualdad.
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Repercusiones económicas y reacciones tras el decreto
El incremento del salario mínimo para 2026 representa uno de los mayores ajustes en Colombia en décadas, muy por encima de las tasas de inflación proyectadas para el año próximo, estimadas entre 5% y 6%. Esto significa que el aumento real, descontada la inflación, se sitúa en niveles cercanos al 18,7%, según analistas económicos.
Para aproximadamente 2,4 millones de trabajadores formales que perciben el salario mínimo, el ajuste económico representa un alivio presupuestario, aunque también ha generado preocupación entre algunos sectores empresariales. Organizaciones como la ANDI han advertido que un alza de esta magnitud podría influir en la inflación de bienes y servicios, y presionar costos de producción en sectores sensibles de la economía.
El ministro del Trabajo también respaldó la decisión como parte de un enfoque integral de política social, mientras economistas enfatizan la importancia de monitorear el impacto en el empleo formal e informal en 2026. Pese a los debates, el decreto ya está firmado y será aplicable desde el primer día del próximo año, consolidando un salario mínimo que busca equilibrar la dignidad del ingreso y el contexto económico del país.
