En Venezuela, más de 200 presos políticos iniciaron una huelga de hambre tras denunciar exclusiones en la reciente ley de amnistía. Familiares, organizaciones y liberados siguen con expectativa el proceso. La protesta ocurre tras la promulgación de la ley de amnistía, que permitió excarcelaciones recientes pero dejó fuera a detenidos vinculados a casos militares y policiales, generando incertidumbre.
La medida fue impulsada por la justicia venezolana y promovida por el Ejecutivo, que aprobó el instrumento bajo presión internacional. Entre sábado y domingo continuaron liberaciones parciales. Sin embargo, en el penal Rodeo I, alrededor de doscientos internos iniciaron la huelga como forma de exigir revisión de expedientes y ampliación del beneficio legal.
Las primeras excarcelaciones permitieron que unos cuatrocientos detenidos recuperaran la libertad antes de la amnistía, mientras otro centenar salió durante su aplicación inicial. Aun así, la organización Foro Penal contabiliza más de seiscientas personas detenidas por motivos políticos, lo que mantiene la tensión entre familiares y defensores.
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Liberaciones, preocupación y reclamos de familiares
Historias personales acompañan el proceso. Algunos liberados narraron su salida con alivio, mientras familiares de quienes siguen detenidos permanecen frente al penal esperando novedades. Casos como el de funcionarios policiales y civiles procesados en investigaciones sensibles evidencian que el alcance del instrumento legal no abarca todos los expedientes.
Familiares denuncian además falta de atención médica para quienes participan en la huelga de hambre. Señalan que existen internos con enfermedades oncológicas y cardiovasculares. La preocupación aumenta por el deterioro de salud que implica la protesta prolongada, especialmente entre reclusos que ya presentan condiciones médicas previas.
También persisten denuncias sobre personas que continúan encarceladas tras cumplir condenas. Organizaciones sostienen que estas situaciones se repiten en distintos casos documentados.mLa incertidumbre sobre boletas de excarcelación y trámites judiciales alimenta la presión de familiares que se mantienen acampando cerca del centro penitenciario.
Mientras algunos liberados evalúan regresar a sus ciudades y retomar actividades, el futuro del resto permanece abierto. La huelga busca acelerar decisiones judiciales. Cada noche, familiares se reúnen frente al penal para rezar y esperar noticias, reflejando una mezcla de esperanza, ansiedad y expectativa por nuevas liberaciones.






