ESTADOS UNIDOS – El servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha intensificado su capacidad de rastreo de vehículos mediante lectores automáticos de matriculas (ALPR). Este sistema captura información precisa sobre ubicación y movimiento de millones de autos en el país. Las cámaras registran datos de hora, lugar y trayecto de los vehículos, que luego se almacenan en bases de datos accesibles por el ICE. La información puede incluir nombres, direcciones, fechas de nacimiento y antecedentes penales, lo que permite a las autoridades localizar y detener a inmigrantes en situación irregular. 

El Instituto de Recursos Legales para Inmigrantes (ILCR) alertó sobre los riesgos de esta tecnología. Según el instituto, el ALPR amplia la vigilancia de manera indiscriminada y permite que el ICE obtenga información de multiples agencias locales, aumentando su alcance territorial. Desde 2028, el ICE accede a la base de datos LEARN, administrada por Thomson Reuters, que concentra más de cinco mil millones de registros y añade 150 millones mensuales. Esta plataforma respalda investigaciones de seguridad nacional, terrorismo, narcotráfico y pandillas, pero según el ILRC, el ICE puede evadir supervisión formal y rastrear no solo a sus objetivos, sino también a familiares y contactos de inmigrantes.

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Debate sobre regulación y limites de uso

La ley federal no regula ni prohíbe tecnologías como el ALPR, aunque existen políticas internas que determinan como se puede usar la información sobre raza, genero, religión u orientación sexual. Organizaciones civiles buscan limitar la recolección y uso de datos, promoviendo transparencia en los contratos y políticas locales. Estrategias incluyen exigir destrucción de registros tras un tiempo determinado y prohibir el uso con fines migratorios, fomentando alianzas entre abogados, activistas y grupos de defensa de la privacidad, Estas medidas buscan equilibrar seguridad y protección de derechos civiles, ante una tecnología que incrementa significativamente la vigilancia sobre la población.

El debate continua abierto en Estados Unidos, donde activistas y ciudadanos presionan para que el uso de ALPR se haga de manera regulada y transparente, asegurando que la vigilancia no se convierta en un instrumento de abuso migratorio.