La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por posibles irregularidades en la contratación pública durante la administración de Gustavo Petro, tras las acusaciones de Deicy Jiménez, quien aseguró haber mantenido una relación íntima con el exmandatario y haber recibido contratos estatales durante ese período.
Jiménez afirmó que los contratos que recibió estarían relacionados con encuentros íntimos con Petro y sostuvo que otras mujeres también habrían obtenido beneficios laborales en circunstancias similares. El expresidente rechazó las acusaciones y negó haber utilizado su posición política para conseguir relaciones sexuales o entregar contratos a cambio de ellas.
Contratos por más de 100 millones de pesos
Según la documentación citada por Semana, Jiménez tuvo contratos con el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. Los documentos incluyen labores de apoyo administrativo, organización de archivos y manejo de documentos. El valor acumulado de los contratos supera los 100 millones de pesos colombianos, aunque su existencia no demuestra por sí sola que fueran adjudicados a cambio de encuentros íntimos.
La denunciante también aseguró que, en una ocasión, Petro le habría entregado dinero para comprar cocaína y trasladarla a Bogotá. Estas afirmaciones forman parte de su testimonio y no han sido establecidas judicialmente como hechos probados.
La Fiscalía dispuso que una delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con apoyo de un equipo especializado, adelante las diligencias. Entre las personas mencionadas para aportar información figuran Angie Rodríguez y Laura Sarabia, quienes estuvieron al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
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Petro niega las acusaciones y anuncian protección
En un comunicado publicado el 25 de octubre en su cuenta de X, Petro negó haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales. También rechazó haber utilizado el poder público para obtener beneficios personales y cuestionó lo que describió como una operación contra su vida privada.
Por su parte, el Gobierno anunció medidas de protección para Jiménez mediante una ruta institucional coordinada con la Unidad Nacional de Protección (UNP), luego de que la mujer expresara preocupación por su seguridad.
La investigación deberá establecer si existieron irregularidades en las contrataciones y quiénes serían responsables. Según la Fiscalía, los hechos relacionados con la etapa de Petro como senador corresponderían a la Corte Suprema de Justicia, mientras que aquellos vinculados con su Presidencia serían competencia de la Comisión de Acusaciones.
