REPUBLICA DOMINICANA – La decisión del Tribunal Constitucional marcó un cambio histórico en República Dominicana al eliminar sanciones contra relaciones del mismo sexo dentro de las instituciones militares y policiales del país. El fallo declara inconstitucionales artículos que castigaban la supuesta “sodomía” con penas de cárcel, un vestigio legal que afectaba derechos fundamentales de funcionarios en servicio activo nacional.
El país mantiene un entorno conservador, donde el matrimonio igualitario sigue prohibido y la comunidad LGBTQ+ enfrenta estigma social persistente según organizaciones comunitarias de larga trayectoria en defensa ciudadana. La sentencia sostiene que las normas impugnadas violaban el principio de razonabilidad, afectando intimidad y libre desarrollo de la personalidad de miembros policiales y militares dominicanos.
El Tribunal también señaló que estas reglas imponían discriminación injustificada, negaban derechos laborales y chocaban directamente con obligaciones constitucionales de igualdad consagradas en textos legales superiores. Las leyes anuladas definían la “sodomía” como “concúbito entre personas del mismo sexo”, fijando penas que iban de seis meses hasta dos años para militares infractores.
En el caso de policías, las sanciones eran igualmente severas aunque con márgenes punitivos ligeramente inferiores, manteniendo la misma lógica discriminatoria contra la orientación sexual. Los magistrados insistieron en que la Constitución exige trato en igual consideración para quienes sirven al país, prohibiendo exclusiones basadas en criterios personales ajenos al desempeño institucional.
Defienden derechos básicos
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El fallo obliga a expulsar estas normas del ordenamiento jurídico, cerrando un periodo de restricciones que limitaban derechos básicos de quienes integran fuerzas armadas y policía nacionales. La organización Amigos entre Amigos celebró el fallo como “avance jurisprudencial”, destacando su impacto inmediato en la reivindicación de derechos humanos para personas LGTBQ+ dominicanas.
Su director Leonardo Sanchez que la sentencia puede motivar a otras instituciones a respetar el derecho de cada persona a vivir con igualdad y dignidad plena en República Dominicana. La decisión judicial es vista como un paso relevante para la actualización normativa del Estado, aunque persisten desafíos estructurales sobre protección e inclusión de la comunidad diversa en el país.
