Entre llantos, cuerpos mutilados y calles teñidas de sangre, una favela del norte de Río de Janeiro amaneció convertida en un escenario de guerra. Vecinos, entre el dolor y la desesperación, colocaron decenas de cadáveres en una plaza pública como símbolo de denuncia. Fue el saldo de una operación policial que ya se considera la más mortífera de Brasil, con un balance oficial de 119 muertos. Los habitantes, con los ojos enrojecidos, repetían una misma palabra: masacre.
Un periodista de AFP describió escenas difíciles de asimilar: un hombre decapitado, otro con el cráneo destrozado y múltiples cuerpos con signos de ejecución. Según testimonios, la operación, que buscaba desmantelar al Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más poderosos de Río, se transformó en una jornada de muerte y pánico.
El martes, las favelas se convirtieron en un campo de batalla. Hubo tiroteos, incendios y barricadas formadas con autobuses, mientras presuntos criminales usaban drones para lanzar explosivos. La policía respondió con fuerza desmedida, dejando tras de sí una cifra de muertos que no para de crecer. Según las autoridades, 115 eran sospechosos y cuatro eran policías, aunque la Defensoría Pública del Estado contabiliza 132 fallecidos en total.
El gobernador Cláudio Castro calificó la operación como “un éxito”, asegurando que la policía actuó dentro de los límites legales. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y la propia ONU expresaron su horror, denunciando que se trató de una acción desproporcionada. “El Estado vino a masacrar, no a proteger”, gritaban los vecinos mientras cubrían los cuerpos con mantas y los alineaban frente a una de las principales avenidas del Complejo da Penha, donde todo ocurrió.
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Reacciones y condenas internacionales
La crudeza de las imágenes provocó la reacción inmediata del gobierno federal. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a través de su ministro de Justicia, expresó estar “horrorizado” y convocó una reunión de urgencia con varios de sus ministros. Una delegación del gobierno viajará a Río para evaluar la situación y coordinar acciones con las autoridades locales.
Mientras tanto, la ONU y Amnistía Internacional denunciaron que la operación “instaló el terror” en la ciudad. Para muchos, lo vivido en Río revive el recuerdo de la masacre de Carandiru de 1992, cuando 111 presos fueron asesinados durante una intervención policial. En los barrios afectados, las escuelas suspendieron clases, el transporte colapsó y miles de familias quedaron atrapadas entre el miedo y la confusión.
El gobernador Castro, en medio de las críticas, ordenó reforzar los patrullajes y defendió a las fuerzas de seguridad. “No creo que hubiese inocentes en la zona del conflicto”, dijo, insistiendo en que cualquier error sería “residual”. Sin embargo, las voces de la comunidad cuentan otra historia: la de un operativo que se convirtió en una tragedia nacional.
En medio de la devastación, solo queda el eco de las sirenas, el silencio de los muertos y la exigencia de justicia. Brasil vuelve a mirarse al espejo de su violencia, justo cuando el mundo se prepara para recibirlo en la próxima COP30.
