Durango, México – La ciudad de Durango, México, quedó conmocionada luego de conocerse la muerte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, adolescente de 14 años que falleció tras una cirugía estética. El procedimiento, realizado el 12 de septiembre en la Clínica Santa María, fue presuntamente practicado por V.M.R.G., médico que además es pareja sentimental de la madre de la menor. Una semana después, el 20 de septiembre, la joven murió tras varias complicaciones.
El padre de la víctima aseguró que nunca fue informado ni otorgó autorización para que su hija se sometiera a una mamoplastía, una cirugía de aumento de busto. Según su versión, la madre de Paloma sí dio consentimiento, lo que ha generado un debate sobre la responsabilidad parental en este tipo de decisiones. El testimonio paterno sostiene que la intervención no debió practicarse, menos aún considerando la corta edad de la adolescente.
El deterioro de la salud de Paloma fue evidente en los días posteriores a la cirugía. A pesar de los cuidados, no logró superar las complicaciones médicas. La familia paterna presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango, señalando tanto al médico responsable como a la clínica donde se realizó el procedimiento. También incluyeron en la denuncia a la madre de la menor, por haber permitido la intervención.
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Investigación judicial y exigencia de justicia
Los delitos que se investigan son negligencia médica, homicidio culposo e irregularidades en el acta de defunción. La familia denunció que este documento registró como causa de muerte una “enfermedad”, lo que consideran un intento de encubrimiento. El caso ha encendido la indignación social, generando reclamos de justicia en las calles y en redes sociales, donde miles de usuarios han compartido el hashtag #JusticiaParaPaloma.
La Fiscalía deberá determinar si existió responsabilidad médica y si la clínica cumplía con los requisitos legales. Organizaciones civiles han exigido que se sienten precedentes judiciales, con sanciones ejemplares para los responsables. Además, piden revisar los mecanismos de supervisión sanitaria en clínicas privadas, a fin de evitar que procedimientos de riesgo sean practicados sin protocolos estrictos.
El caso también expuso un vacío legal en la normativa mexicana respecto a las cirugías estéticas en menores de edad. Aunque la Ley General de Salud exige consentimiento de tutores y certificación profesional, no existe una prohibición federal clara sobre procedimientos estéticos en adolescentes. Este punto ha encendido el debate público, especialmente porque Paloma no presentaba condiciones médicas que justificaran una cirugía reconstructiva.
En Durango, la COPRISED regula los servicios de salud, pero no contempla protocolos que evalúen la madurez física o psicológica de los menores antes de someterse a operaciones estéticas. Activistas consideran que esta falta de regulación expone a los adolescentes a riesgos innecesarios y abre la puerta a situaciones de abuso.
La muerte de Paloma Nicole se ha convertido en un llamado urgente para reformar las leyes y cerrar los vacíos normativos. El padre de la menor solicitó directamente la intervención del gobernador de Durango, con el objetivo de garantizar que el caso no quede impune. La presión social aumenta, mientras familiares y colectivos exigen justicia plena y medidas que impidan que una tragedia similar vuelva a repetirse.
