El Ministerio Público de Aruba reaccionó recientemente ante informaciones difundidas en medios locales sobre la escasez de personal en el área de investigación del Cuerpo Policial, una situación que afecta directamente el desarrollo de procesos judiciales en la isla. La institución explicó que esta problemática limita la capacidad de atender denuncias ciudadanas y se origina en la falta de recursos humanos suficientes para cumplir con las funciones legales asignadas.

Según la entidad, la investigación y la persecución penal dependen de manera directa de contar con un número adecuado de investigadores. En este contexto, el Ministerio Público señaló que desde hace varios meses ya había advertido al Ministerio de Justicia, mediante una comunicación formal, sobre la gravedad del déficit de personal en la policía. Esta situación ha derivado en casos donde no es posible tramitar denuncias con la debida atención.

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Un problema estructural en la cadena judicial

La institución indicó que la falta de capacidad operativa ha generado dificultades para explicar a los ciudadanos por qué sus denuncias no avanzan, lo que impacta la confianza pública en el sistema de justicia y en el gobierno en general. El problema, según se explicó, no es reciente, sino consecuencia de años de planificación presupuestaria insuficiente en las entidades del sistema judicial.

De acuerdo con el análisis presentado, los planes de formación del Cuerpo Policial contemplan la necesidad de un número mayor de investigadores para cumplir con todas las obligaciones legales. Sin embargo, estas proyecciones no han sido acompañadas por asignaciones presupuestarias acordes, lo que ha generado un déficit sostenido de personal.

El Ministerio Público recordó que los departamentos judiciales no cuentan con presupuesto propio y dependen directamente del gobierno para su funcionamiento, lo que limita su capacidad de respuesta cuando los recursos son insuficientes. A esto se suma un recorte adicional del 10% aplicado en marzo de 2025 a toda la cadena judicial.

La institución concluyó que esta reducción agrava una situación ya existente y dificulta aún más el cumplimiento de las tareas legales, afectando el funcionamiento general del sistema de investigación penal en Aruba.