El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto a Airbnb una sanción de 64 millones de euros. La multa se debe a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, y se trata de la segunda sanción económica más alta en España después de la impuesta a Ryanair por 108 millones. El ministro Pablo Bustinduy destacó que la medida demuestra que ningún actor económico puede eludir sus obligaciones. La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras resolverse el recurso de alzada interpuesto ante el ministerio.
En un comunicado, Airbnb afirmó haber cumplido siempre con las normativas de alquileres de corta duración en España y anunció que recurrirá la sanción. La empresa aseguró que ha colaborado con el Ministerio de Vivienda desde la entrada en vigor de la nueva regulación el pasado 1 de julio, incorporando números de registro en más de 70.000 anuncios. Además, defendió que debe ser considerada un servicio de intermediación de la sociedad de la información y no un agente inmobiliario, como dictaminó en 2029 el Tribunal Superior de Justicia de la UE.
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Anuncios ilegales y prácticas comerciales desleales
La sanción se debe a un total de 65.122 anuncios publicados sin licencia, identificados como prácticas comerciales desleales y engañosas. Se incluyen anuncios con números de registro falsos o incorrectos, así como información no veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones. Los anuncios fueron retirados tras advertencias del Ministerio, pero permanecieron publicados generando beneficio ilícito para la plataforma. La multa impuesta equivale a seis veces los beneficios obtenidos por Airbnb durante el periodo en que los anuncios estuvieron activos.
El ministro Bustinduy afirmó que esta medida refuerza la protección de los consumidores y sanciona prácticas abusivas en el ámbito de la vivienda. Destacó que se mantiene un seguimiento estricto sobre agencias inmobiliarias, recordando sanciones recientes a Alquiler Seguro por cobros irregulares a inquilinos. Según Bustinduy, “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley“, subrayando la prioridad del gobierno en garantizar derechos de vivienda y transparencia en el sector turístico.
