Las empresas que empleen trabajadores indocumentados en Aruba podrán recibir multas de hasta 25.000 florines por cada empleado, según la política de sanciones anunciada por el ministro de Justicia, Arthur Dowers, durante una conferencia de prensa.
La medida también contempla sanciones para las personas naturales que contraten a trabajadores sin la documentación requerida, con multas de hasta 10.000 florines por cada trabajador. El Gobierno busca reforzar la aplicación de las normas migratorias ahora que el programa de regularización Hunto pa Progreso se encuentra en su fase final.
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El fin de Hunto pa Progreso marca una nueva etapa
Durante el último año, el Gobierno ofreció a un grupo de migrantes indocumentados la oportunidad de regularizar su situación migratoria y laboral mediante Hunto pa Progreso. La iniciativa respondió, entre otros objetivos, a la demanda de trabajadores en distintos sectores de la economía de Aruba.
Con el programa próximo a concluir, Dowers considera que ya se han ofrecido oportunidades para que los trabajadores extranjeros regularicen su situación. Por ello, la política anunciada contempla un refuerzo de las sanciones administrativas contra quienes continúen empleando personal sin cumplir los requisitos legales.
Uno de los problemas señalados es que algunas empresas comienzan a tramitar un primer permiso de trabajo cuando el empleado extranjero ya está en Aruba. En ciertos casos, la persona incluso comienza a trabajar antes de obtener la autorización correspondiente, lo que puede terminar en una denegación de la solicitud.
La normativa establece que quienes solicitan por primera vez un permiso de residencia regular deben realizar el trámite desde el extranjero. Deben esperar a recibir el VTA, que permite la admisión temporal para viajar a Aruba y realizar los exámenes médicos necesarios.
La aclaración busca evitar que empleadores y solicitantes inviertan tiempo y dinero en procesos que no pueden aprobarse por incumplir las condiciones de admisión. También pretende reducir situaciones en las que un trabajador comienza a laborar sin contar con la autorización correspondiente.
El ministro recordó que cumplir la legislación es una obligación tanto para las empresas como para las personas naturales que contratan trabajadores extranjeros. El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas considerables, que dependerán de quién emplee al trabajador y de la cantidad de personas contratadas sin la documentación exigida.
