Según la organización, bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez, no se han adoptado medidas estructurales para desmontar los mecanismos de represión. Aunque se aprobó una ley de amnistía y se han liberado cientos de detenidos, el sistema sigue operando de forma similar, manteniendo detenciones arbitrarias y controles institucionales.
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Persisten denuncias pese a liberaciones
En su informe, Amnistía Internacional señaló que cerca de 500 personas continúan detenidas por motivos políticos, a pesar de que las autoridades beneficiaron a más de 8.000 con la ley de amnistía aprobada en febrero.
La organización también cuestionó que el proceso no sea automático, ya que los tribunales evalúan cada caso, lo que ha generado decisiones selectivas. Según la entidad, este mecanismo permite a las autoridades decidir quién liberan y quién mantienen privado de libertad, y estas sostienen un esquema de control institucional.
Además, denunció que no existe una política clara para desmontar la estructura represiva, lo que impide hablar de una transformación real en materia de derechos humanos. En esa línea, expertos internacionales han advertido que la maquinaria legal e institucional responsable de abusos sigue intacta.
El informe también menciona que centros de detención señalados históricamente por abusos, como el Helicoide, continúan operando, pese a anuncios oficiales de cierre como parte de un proceso de reconciliación nacional.
“Amnistía Internacional alertó que, incluso con cambios en el liderazgo, las autoridades mantienen prácticas de detención arbitraria y represión y demuestran que las reformas no han sido suficientes.
En este contexto, la organización concluyó que Venezuela enfrenta un escenario en el que los responsables no han acompañado los gestos de apertura con transformaciones profundas, lo que deja en evidencia los retos pendientes en materia de justicia, reparación y garantías para las víctimas
