ORANJESTAD.— El Consejo de Ministros aprobó un nuevo manejo para los alquileres vacacionales en Aruba que exigirá registrar todos los alojamientos existentes, incluso aquellos que ya cuentan con permisos. La posibilidad de regularizarlos dependerá de sus derechos, ubicación y condiciones de operación, informó el Gobierno.
El ministro de Finanzas y Asuntos Económicos, Wever, explicó que el proceso tendrá cinco fases: registro, revisión de derechos, evaluación de la viabilidad y condiciones de legalización, identificación de requisitos pendientes e implementación de las medidas correspondientes.
El Gobierno busca ordenar una actividad que ha crecido en los últimos años, tomando en cuenta su aporte turístico y económico, el acceso a vivienda y la calidad de vida en los barrios.
Registro digital: las fechas aún están pendientes
La inscripción se realizará mediante una plataforma digital y permanecerá abierta durante tres meses. Las autoridades anunciarán previamente las fechas, los documentos y la información que deberán entregar los propietarios.
El 1 de noviembre de 2026 es una fecha de referencia y no el inicio del registro. Los alojamientos que operaban antes de esa fecha y se registren serán evaluados como usos existentes.
Los que todavía no estén operativos podrán acogerse a un régimen de transición si demuestran que, antes de esa fecha, asumieron compromisos concretos difíciles de revertir, como un acuerdo de financiamiento o un contrato de construcción. Una idea de proyecto no será suficiente.
Los establecimientos que no se registren quedarán fuera del régimen y de la política temporal de tolerancia anunciados, y no serán considerados para legalización.
Tres categorías según la ubicación
El plan divide el territorio conforme a las categorías del Plan de Ordenamiento Territorial con disposiciones (ROPV). Cada alojamiento tendrá una evaluación individual.
| Categoría | Áreas incluidas | Tratamiento previsto |
|---|---|---|
| Verde | Centros de Oranjestad y San Nicolás, frente portuario de Oranjestad y áreas turísticas de las costas oeste y este. | Evaluarán la legalización de alojamientos existentes cuando sea responsable, legalmente viable y cumplan las condiciones. Si hace falta, prepararán modificaciones al ROPV vigente. |
| Amarilla | Áreas residenciales urbanas, residenciales con valores especiales y zonas de transformación. | Revisarán cada alojamiento conforme a las reglas y condiciones que establecerán. La revisión integral de los planes territoriales determinará dónde y cómo podrán funcionar los alquileres vacacionales. |
| Roja | Áreas naturales y paisajísticas, playas, zonas rurales, aeropuerto, áreas industriales de Barcadera y San Nicolás, y terrenos y zonas militares. | No habrá legalización general. La protección y función del área tendrán prioridad. Respetarán los derechos existentes y evaluarán las solicitudes específicas de excepción caso por caso. |
Qué revisarán antes de una posible legalización
La cantidad de unidades y la capacidad de huéspedes serán la base de la evaluación. También examinarán la seguridad del edificio y contra incendios, estacionamiento, accesibilidad, molestias al vecindario, aguas residuales y protección de la naturaleza, el paisaje y el patrimonio.
Registrarse no equivale a obtener un permiso. Cuando no existan derechos que autoricen el uso, el Gobierno determinará si puede legalizarse y bajo qué condiciones.
Los alojamientos que operan legalmente podrán continuar dentro de sus condiciones vigentes. Si faltan permisos o trámites formales, deberán completarlos.
Una eventual legalización cubrirá únicamente el uso y la cantidad de unidades evaluados y aprobados. No autorizará nuevas unidades ni ampliaciones.
El Gobierno preparará una política temporal de tolerancia para usos existentes registrados. Esta deberá superar una revisión jurídica y recibir aprobación antes de aplicarse.
La medida no permitirá abrir alojamientos nuevos, agregar unidades ni ampliar establecimientos. En las áreas vulnerables regirán condiciones más estrictas.
Nuevos proyectos en Oranjestad y San Nicolás
El ROPV vigente permite un máximo combinado de 100 unidades de alquiler vacacional en los centros de ambas ciudades. Para impulsar su desarrollo, el Gobierno permitirá registrar también propuestas nuevas en esas zonas.
Los datos recopilados y la evaluación territorial ayudarán a determinar cuántas unidades podrían admitirse y cuánto espacio debe reservarse para vivienda, comercios, restaurantes y otras actividades. Registrar una propuesta no supondrá su aprobación.
Los proyectos nuevos fuera de los centros de Oranjestad y San Nicolás no entran en este régimen.
Habrá consulta pública
Un equipo interministerial de Finanzas y Economía, Infraestructura, Salud Pública y Turismo coordinará el registro y elaborará las condiciones.
El Gobierno trabajará en posibles modificaciones al ROPV vigente y, paralelamente, en la revisión integral del Plan de Ordenamiento Territorial (ROP) y del ROPV.
Los proyectos de estos instrumentos se expondrán a consulta pública. Residentes, empresarios y otras partes interesadas podrán presentar observaciones formales antes de las decisiones finales. También habrá reuniones informativas previas, cuyas fechas se anunciarán.
