El presidente Gustavo Petro decretó un Estado de Emergencia Económico y Social por 30 días en todo el país, luego del fracaso en el Congreso de la reforma tributaria que buscaba garantizar la financiación del presupuesto nacional de 2026.
La medida, plasmada en el Decreto 1390 de 2025, permitirá al Ejecutivo expedir decretos legislativos con fuerza de ley, especialmente en materia tributaria y presupuestal. Esto habilita al Gobierno a establecer impuestos o modificar los existentes sin pasar por el trámite ordinario del Congreso, con el objetivo de cerrar el vacío fiscal generado por el rechazo de la reforma.
La decisión se produce en un contexto de déficit primario en las finanzas públicas, que según el Gobierno supera la capacidad de financiación ordinaria del Estado. El Ejecutivo advirtió que sin estas medidas, el país podría enfrentar dificultades para garantizar servicios esenciales y derechos materiales de la población, incluyendo educación, salud y programas sociales.
Medidas inmediatas y objetivos
Durante los próximos 30 días, el Gobierno adelantará propuestas concretas para estabilizar las finanzas públicas, priorizando la recaudación de ingresos necesarios para cumplir con las obligaciones del Estado. Entre las acciones posibles se incluyen ajustes en impuestos sobre la renta, nuevas contribuciones y cambios en la estructura fiscal, todo bajo control constitucional.
El presidente Petro subrayó que la medida no implica improvisación, sino una respuesta urgente frente a un escenario fiscal grave e inminente, generado por el hundimiento de la reforma tributaria que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para completar el presupuesto 2026. El Ejecutivo insiste en que la declaratoria es temporal y enfocada en proteger los derechos económicos y sociales de los ciudadanos.
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Reacciones y contexto político
La oposición ha cuestionado la declaratoria, señalando que otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo y pidiendo transparencia en la aplicación de los decretos. Algunos sectores plantean alternativas como la reducción del gasto público para enfrentar la crisis fiscal sin comprometer el equilibrio democrático.
Por su parte, el Gobierno insiste en que la medida es necesaria y proporcional y busca garantizar que Colombia no enfrente un déficit que comprometa el bienestar de la población. Durante la vigencia de la emergencia, todas las acciones del Ejecutivo estarán sujetas a supervisión constitucional.
Con esta declaratoria, Colombia inicia un período de medidas extraordinarias para mantener la estabilidad económica, mientras el Ejecutivo busca recuperar el control sobre las finanzas públicas tras el rechazo de la reforma tributaria.
