El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó este martes la realización de un examen forense a los chats que presuntamente muestran la vinculación de altos funcionarios con disidencias de las FARC. La decisión surge tras la publicación de un investigativo de Caracol Televisión, que reveló intercambios entre un general y un funcionario de inteligencia con guerrilleros liderados por Alexander Díaz, alias Calarcá. La investigación apunta a supuestos planes para crear una empresa de seguridad que facilitaría a los rebeldes evadir controles y adquirir armamento. Petro indicó que tomará decisiones posteriores a la verificación forense de la información, subrayando que mantiene muchas dudas sobre la veracidad del reportaje, al que previamente calificó de falso.
La información de los chats se obtuvo de dispositivos electrónicos requisados en julio de 2024, cuando Calarcá y otros miembros de la disidencia fueron detenidos temporalmente y luego liberados como parte de las negociaciones de paz. El mandatario aseguró que la filtración podría haberse producido con intervención de la CIA, buscando afectar la imagen de su gobierno. Petro, primer presidente de izquierda en Colombia, enfrenta además tensiones diplomáticas con Estados Unidos, tras la retirada de la condición de aliado en la lucha antidrogas y la imposición de sanciones económicas contra él y algunos familiares. El contexto de la filtración se da en medio de un gobierno que intenta avanzar en la paz con todos los grupos ilegales, aunque a nueve meses de la salida de su mandato, aún no ha alcanzado acuerdos significativos.
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La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el caso, recomendando apartar temporalmente a los funcionarios investigados mientras se determina su responsabilidad. “Se sugiere evaluar el retiro de la función de las personas que pudieran estar comprometidas”, indicó en un comunicado oficial. Por su parte, el general Juan Manuel Huertas y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, son objeto de investigación por la Fiscalía y el Ministerio de Defensa. Mientras tanto, la disidencia de Calarcá continúa los ataques contra la fuerza pública y mantiene una orden de captura suspendida debido a su rol como negociador de paz.
Petro reiteró que cualquier decisión sobre los altos funcionarios se basará en los resultados del examen forense. Además, señaló que mantener la legitimidad del gobierno en un escenario político sensible y cargado de conflictos internos y presiones externas requiere transparencia y verificación de hechos. Ahora, todos esperan que el análisis digital arroje resultados que permitan separar a los involucrados de sus cargos o aplicarles sanciones adicionales dentro del marco legal colombiano.
