El parlamentario Eduard Pieters, en representación de la fracción del PPA, lanzó fuertes críticas contra el gobierno por la situación que atraviesa el sistema de Censo en Aruba, al que calificó como un ejemplo de “caos administrativo” que está afectando directamente a la población. Según Pieters, el proceso de inscripción, que debería ser un trámite básico y funcional, se ha convertido en un obstáculo que impide a ciudadanos acceder a empleo y servicios esenciales.

De acuerdo con el parlamentario, los problemas en el sistema se arrastran desde enero de este año y, pese a las advertencias realizadas por su fracción en marzo, aún no se han presentado soluciones concretas. La situación ha provocado que personas, incluyendo estudiantes que regresan del exterior y ciudadanos que buscan incorporarse al mercado laboral, no puedan obtener citas para su registro, quedando en una especie de bloqueo administrativo.

Lea también: Ministro de Labor tiene 3 semanas para aclarar medidas contra abusos laborales

Responsabilidad política bajo la lupa

Pieters responsabiliza directamente a los ministros Artur Dowers y Mike Eman, a quienes señala por decisiones políticas que, según él, no fueron acompañadas de una planificación adecuada. En particular, cuestiona la legalización de miles de personas sin haber fortalecido previamente los sistemas administrativos encargados de procesar esos cambios, lo que habría generado una sobrecarga en departamentos como Censo y AZV.

El parlamentario también destacó que la situación no es atribuible al personal del departamento, al que reconoció su esfuerzo y funcionamiento sostenido en el tiempo, sino a decisiones tomadas a nivel político que han terminado afectando su operación y su imagen pública.

Además, el PPA denunció la falta de respuesta del gobierno a un conjunto de 18 preguntas formales presentadas hace casi un mes sobre este tema, lo que, según Pieters, evidencia una preocupante ausencia de transparencia y capacidad de gestión.

La fracción concluye que el problema del Censo refleja una falla más amplia en la coordinación gubernamental y en la toma de decisiones, generando consecuencias directas para la ciudadanía que depende del sistema para trabajar, residir y acceder a servicios básicos en Aruba.