El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó este 8 de septiembre el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego en el país. El mandatario confirmó la decisión mediante una publicación en su cuenta oficial de X y aseguró que busca modificar la situación que, según él, ha afectado durante años a los ciudadanos que cumplen la ley.

La medida pone fin a la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego, una restricción que el presidente cuestionó al considerar que los ciudadanos legales fueron limitados mientras los criminales continuaron consiguiendo armas ilegalmente. De la Espriella sostuvo que esta situación debe cambiar.

El anuncio fue realizado directamente por el mandatario después de firmar el decreto que modifica la suspensión vigente. En su mensaje, planteó como argumento central la diferencia entre las restricciones aplicadas a ciudadanos que cumplen las normas y el acceso ilegal a armas por parte de grupos criminales.

La decisión se produce en medio de la postura del Gobierno frente a la seguridad y al control de las armas en Colombia. El presidente señaló que durante los últimos años se restringió el porte a ciudadanos que respetan la ley, mientras que los delincuentes, según afirmó, continuaron armándose de manera ilegal.

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El mensaje del presidente sobre las armas ilegales

Al confirmar la firma del decreto, De la Espriella sostuvo que las armas ilegales deben ser retiradas a los criminales. Su declaración acompañó el anuncio sobre el levantamiento de la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego.

El mandatario insistió en que la política anterior generó una situación que considera desigual. Según su planteamiento, los ciudadanos que cumplen la ley enfrentaron restricciones, mientras los delincuentes mantuvieron acceso a armamento por vías ilegales.

El decreto fue firmado este martes y divulgado públicamente por el propio presidente. La información disponible en el anuncio se concentra en el levantamiento de la suspensión general, sin detallar en la publicación las condiciones particulares que deberán cumplir quienes busquen obtener un permiso.

La medida marca un cambio frente a la política de suspensión general que había restringido los permisos de porte. El Gobierno plantea ahora una nueva etapa en la regulación, mientras el presidente defiende que el ciudadano que cumple la ley no debe quedar en desventaja frente al criminal armado ilegalmente.