La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra el presidente interino de Perú, José Jeri, tras conocerse reuniones privadas con un empresario chino que no fueron comunicadas oficialmente. El caso ha generado inquietud política y revivió los temores sobre presuntos actos de corrupción en el poder, en un país marcado por antecedentes recientes.
El fiscal general, Tomás Gálvez, confirmó que las diligencias se adelantan por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, aunque aclaró que el proceso se mantiene bajo estricta reserva. Según explicó, la investigación comenzó el jueves pasado y busca establecer si existió un uso indebido del cargo presidencial.
La normativa vigente impide avanzar hacia una investigación penal formal mientras Jeri permanezca en el cargo, debido a la inmunidad otorgada por el Tribunal Constitucional. Cualquier actuación judicial de mayor alcance solo podría continuar una vez finalice su mandato, previsto para finales de julio.
Desde el Congreso, el presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, descartó la destitución del mandatario por este caso y señaló que, si se encuentran irregularidades, las autoridades las procesarán cuando concluya el periodo presidencial, en medio del calendario electoral que culminará en abril.
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Reuniones reservadas reavivan alertas por corrupción
La investigación tomó fuerza tras revelaciones periodísticas que mostraron un encuentro ocurrido el 26 de diciembre, en un restaurante de Lima, entre Jeri y el empresario chino Zhihua Yang. Las imágenes mostraron al presidente usando una sudadera con capucha, lo que generó especulación y críticas públicas.
Posteriormente, se conoció un segundo encuentro, registrado el 6 de enero en una tienda de comestibles propiedad del empresario, según grabaciones de seguridad difundidas por un programa televisivo. Estos hechos encendieron alertas en la opinión pública, especialmente por el historial de corrupción que ha llevado a prisión a varios exmandatarios.
Jeri reconoció públicamente que su vestimenta fue inapropiada y ofreció disculpas, asegurando que colaborará plenamente con las autoridades. El presidente interino asumió el cargo en octubre, tras la destitución de Dina Boluarte, en un contexto de protestas masivas y una grave crisis de seguridad nacional.
Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó al mandatario para el próximo 3 de febrero, con el objetivo de escuchar su versión. El caso se convierte así en una nueva prueba institucional para Perú, a pocos meses de una elección clave.
