PERU – El gobierno interino de José Jerí decretó estado de emergencia en Lima y el Callao, una medida extraordinaria que busca contener la creciente ola de violencia y extorsiones que azota al país. La decisión implica restricciones de derechos constitucionales y la posible militarización de las calles, afectando a más de 10 millones de personas.
El mandatario anunció que la medida regirá por 30 días, a partir de la medianoche del miércoles, y permitirá que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional en el patrullaje y control del orden público. Con esta decisión, el Ejecutivo busca frenar los crímenes de extorsión, sicariato y robos violentos que se han disparado en los últimos meses.
Una de las medidas más polémicas es la prohibición del transporte de dos personas en una misma motocicleta. Una modalidad recurrente utilizada por sicarios en ataques callejeros. Lima ya había estado parcialmente bajo estado de emergencia entre marzo y julio, tras el asesinato del cantante de cumbia Abelardo Gutiérrez “Tongo”, crimen que generó conmoción nacional.
“Pasamos de la defensiva a la ofensiva”
En un mensaje transmitido por la cadena estatal, José Jerí aseguró que el gobierno ha decidido “pasar de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen”. “La delincuencia ha crecido de manera desmesurada, causando un enorme dolor en miles de familias”, expresó el presidente. “Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”.
El mandatario señaló que su administración trabajará para recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de los ciudadanos. La medida representa la primera gran acción del nuevo gobierno, que apenas lleva dos semanas en el poder y enfrenta una de las peores crisis de seguridad de los últimos años.
Las autoridades ya habían anticipado esta decisión tras el aumento de protestas y choques violentos entre manifestantes y la fuerza pública. El pasado 15 de octubre, miles de personas salieron a las calles de Lima para exigir medidas efectivas contra el crimen y expresar su descontento con el Congreso. Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos que dejaron un muerto y más de un centenar de heridos.
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Violencia, crisis política y pérdida de confianza
El estado de emergencia se da en medio de una prolongada inestabilidad política, que ha dejado siete presidentes en nueve años. La inseguridad ciudadana fue uno de los detonantes de la destitución de Dina Boluarte el pasado 10 de octubre, luego de que el Congreso considerara su gestión ineficiente frente a la crisis delictiva.
Las cifras oficiales confirman la gravedad de la situación. Solo entre enero y septiembre de 2025 se registraron 20.705 denuncias por extorsión, un 28,8% más que el año anterior. Además, 47 conductores fueron asesinados a manos de sicarios en Lima y el Callao, según datos de Anitra, el principal gremio de transporte.
De acuerdo con el gobierno, las organizaciones criminales han extendido su control sobre sectores de transporte, comercio y construcción, generando temor en la población. “No permitiremos que el crimen organizado siga dictando las reglas en el Perú”, enfatizó Jerí.
El Ejecutivo espera que el estado de emergencia permita recuperar la autoridad del Estado y devolver la seguridad ciudadana en las zonas más afectadas. Mientras prepara nuevas estrategias para enfrentar el crimen estructural que amenaza la estabilidad del país.
