La disputa entre el Gobierno de Aruba y las empresas dedicadas al alquiler de monopatines, scooters y bicicletas eléctricas entró esta semana en una nueva fase judicial. La discusión ya no gira únicamente alrededor de la seguridad vial, sino sobre el alcance legal que tiene el Ejecutivo para restringir un sector que ha operado públicamente durante años en la isla.
El conflicto comenzó tras el anuncio del ministro de Justicia y Transporte Público, Arthur Dowers, sobre la prohibición de estos vehículos en vías públicas. Sin embargo, durante la audiencia celebrada en Corte, las compañías Evikes Corporation VBA y Friendly Green Bikes centraron su defensa en cuestionar la forma en que el Gobierno tomó la decisión y la ausencia de un proceso administrativo previo.
Según los representantes legales de las empresas, ambas compañías venían funcionando desde 2017 y 2019 respectivamente sin recibir prohibiciones directas. Además, argumentaron que las autoridades conocían desde hace años la operación de estos vehículos y que incluso gobiernos anteriores promovieron este tipo de movilidad como parte de la experiencia turística y alternativa de transporte en Aruba.
La discusión jurídica tomó fuerza cuando el juez pidió aclaraciones sobre si las compañías habían recibido notificaciones formales antes del anuncio público del ministro. De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, ninguna de las dos empresas recibió comunicación oficial previa sobre la medida, situación que ahora se convirtió en uno de los puntos centrales del proceso.
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La pelea legal que podría redefinir la movilidad eléctrica en Aruba
Las compañías sostienen que el Gobierno intenta aplicar restricciones repentinas sin crear primero reglas claras para el sector. Los empresarios aseguran estar dispuestos a colaborar con regulaciones más estrictas, controles tecnológicos y normas operativas, pero rechazan una eliminación inmediata de sus actividades después de varios años invirtiendo en permisos, personal y operaciones comerciales.
Durante la audiencia también quedó expuesto el impacto económico que tendría la prohibición sobre ambas empresas. Entre las dos compañías suman más de diez empleados y aseguran haber invertido años en trámites para obtener permisos precarios que debían renovarse constantemente debido a procesos burocráticos y demoras administrativas.
Por su parte, el Gobierno defendió las medidas argumentando preocupaciones crecientes sobre seguridad vial, especialmente en zonas turísticas como Palm Beach. Según la representación estatal, el aumento de accidentes, el uso irresponsable de los vehículos y la falta de permisos adecuados justifican una intervención más estricta por parte de las autoridades.
El caso también abrió un debate más amplio sobre cómo Aruba debe manejar las nuevas formas de movilidad eléctrica dentro de su modelo turístico. Mientras algunos consideran que los scooters y monopatines representan modernización y alternativas sostenibles, otros advierten sobre riesgos de tránsito, congestión y vacíos legales que todavía no han sido resueltos.
La Corte deberá determinar ahora si el ministro posee autoridad suficiente para restringir inmediatamente estas operaciones o si el Gobierno primero debe establecer un marco regulatorio formal. La decisión final será anunciada el próximo 22 de mayo y podría marcar el futuro de este sector en toda Aruba.
