Una manifestación en Caracas provocó el cierre de la principal autopista este miércoles, en una jornada de protesta contra las desapariciones forzadas de presos políticos y las muertes registradas bajo custodia en Venezuela. El hecho ocurre en medio de denuncias que señalan alrededor de 50 personas desaparecidas y al menos una veintena de muertes de detenidos en circunstancias cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.
La movilización se produce tres meses después de la aprobación de una ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en un contexto de presión internacional tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), la situación genera creciente preocupación entre familiares y activistas por el paradero de los desaparecidos. Su representante, Diego Casanova, advirtió que existen alrededor de 50 casos sin información oficial clara, lo que incrementa la incertidumbre en medio del conflicto político.
La protesta avanzó hasta la autopista escoltada por cuerpos policiales, donde los manifestantes bloquearon el tránsito como medida de presión para exigir respuestas del Estado. El caso de Víctor Hugo Quero, comerciante fallecido bajo custodia, se convirtió en uno de los principales símbolos de la movilización.
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Denuncias por violaciones y reclamos de justicia
Durante la protesta, los asistentes corearon consignas y exhibieron pancartas con el rostro de Quero, exigiendo justicia y denunciando lo que califican como violaciones sistemáticas de derechos humanos. La familia del comerciante aseguró que fue detenido en 2025 y que su muerte fue informada oficialmente meses después, tras un largo periodo de incertidumbre.
Según la ONG Foro Penal, al menos 20 presos políticos han muerto bajo custodia desde 2014, en medio de denuncias sobre condiciones carcelarias precarias.
Los manifestantes también denunciaron casos de familiares detenidos desde 2018, como los señalados por la pensionada Zoraida González, quien exige su liberación. A su vez, el estudiante de Derecho Simón Belisario cuestionó la existencia de más de 450 presos políticos pese a la implementación de la ley de amnistía.
Mientras tanto, el Gobierno afirma que ha beneficiado a más de 8.600 personas, aunque organizaciones señalan que el proceso presenta fallas y limitaciones.
