La ley de Cuidado Infantil vuelve a estar sobre la mesa en el parlamento de Aruba. Actualmente, enfrenta incertidumbre sobre la ejecución de esta normativa destinada a garantizar un sistema de cuidado infantil seguro, accesible y de calidad para todos los niños.
Según un comunicado reciente, emitido por la parlamentaria Jennifer Arends-Reyes, indicó que desde la aprobación de esta ley no hay claridad sobre las acciones que se han tomado al respecto hasta la fecha.
El comunicado señala falta de claridad sobre aspectos clave como criterios de seguridad, estándares de infraestructura, personal calificado y supervisión periódica, elementos esenciales para proteger a los menores en entornos de cuidado infantil.
La parlamentaria de AVP, ha señalado públicamente estas inquietudes, destacando la urgencia de que el gobierno informe sobre avances concretos y cómo se garantiza la calidad del cuidado infantil. Entre los aspectos pendientes están la capacitación mínima y certificación requerida para los empleados de los centros, así como sobre la frecuencia y alcance de inspecciones oficiales.
Lea también: Aumento del 300% en costos de importación: cómo afecta a las familias
Accesibilidad y modernización pendiente
Otro desafío crítico, según Arends, es garantizar que los centros de cuidado infantil sean económicamente accesibles para todas las familias, especialmente aquellas con recursos limitados. Se desconoce si existen planes de subsidios, ayudas temporales o apoyo financiero directo para evitar que los costos se conviertan en una carga excesiva, dejando a algunos niños sin acceso a servicios esenciales.
Además, no hay información sobre cómo se está incorporando a los centros existentes, sus propietarios y expertos en la planificación de las próximas fases de la ley, lo que podría afectar la coherencia y efectividad de la implementación a nivel nacional.
El uso de tecnología moderna sigue siendo un punto pendiente: sistemas digitales de registro de asistencia o aplicaciones para seguimiento de niños podrían aumentar la seguridad y mejorar la comunicación con los padres. Sin estas herramientas, los centros enfrentan dificultades para garantizar control, transparencia y eficiencia en la gestión diaria, mientras la población espera un sistema funcional que proteja a los niños y facilite la participación de los padres en el mercado laboral.
La situación sugiere que el gobierno de Aruba informe detalladamente sobre los avances y medidas concretas para asegurarse de que la ley cumpla su propósito.
