A medida que se acerca el 31 de enero de 2026, fecha límite impuesta por el Gobierno de Aruba, aumentan las dudas entre migrantes en condición irregular, especialmente aquellos que ingresaron por vía marítima. Muchos se preguntan si la salida voluntaria incluye a los que llegaron en lanchas, y las autoridades confirmaron que sí aplica para todos, sin excepciones, según indicó el ministro de Justicia, Arthur Dowers, en entrevista con Noticia Impacto. El funcionario destacó que el objetivo es una salida ordenada y voluntaria, evitando la generación de antecedentes de deportación que dificulten un regreso legal futuro, asegurando que nadie quedará exento de cumplir con el plazo establecido.
El Gobierno explicó que el plazo permite a los migrantes salir sin que DIMAS los registre como deportados, lo que abre la posibilidad de que vuelvan legalmente a Aruba si cumplen los requisitos exigidos. Esto implica contar con un garante, presentar documentos válidos y seguir el proceso regular de solicitud de residencia, incluyendo todos los trámites administrativos requeridos para asegurar que el regreso sea legal y sin contratiempos. Según las autoridades, esta medida es una oportunidad única para quienes aún no han regularizado su situación y buscan regresar de manera legal en el futuro, evitando sanciones permanentes y restricciones migratorias.
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Plazo y consecuencias tras el 31 de enero
Tras el 31 de enero, los migrantes que permanezcan en la isla sin autorización quedarán sujetos a procesos de deportación, lo que traerá consigo restricciones migratorias para futuros ingresos. Por esta razón, el Gobierno insiste en que las personas afectadas tomen decisiones informadas antes de la fecha establecida, evitando complicaciones legales que podrían afectar permanentemente su derecho a residir en Aruba. Los responsables de las políticas migratorias recalcan que el objetivo de este proceso es garantizar la seguridad y el orden en la isla, y que todas las acciones futuras estarán sujetas a la normativa regular.
El programa “Hunto pa Progreso” fue una medida excepcional que permitió a miles de migrantes regularizar su situación temporalmente, pero el Gobierno confirmó que esta etapa no será extendida. Con la fecha límite, Aruba retoma plenamente su política migratoria regular, reforzando los controles de ingreso y permanencia, y dejando claro que la flexibilización fue un proceso temporal y único, diseñado para ofrecer una salida ordenada y segura para todos los migrantes que llegaron a la isla.
