Un grupo de ciudadanos venezolanos se concentró frente a las oficinas del Departamento de Integración, Manejo y Admisión de Extranjeros (Dimas), en Aruba, para solicitar al Gobierno su inclusión en el actual proceso de flexibilización migratoria. La manifestación, de carácter pacífico, reunió a personas que aseguran representar a más de mil venezolanos que ingresaron a la isla por vía marítima en los últimos años y que actualmente permanecen en situación migratoria irregular.

Durante el encuentro, varios voceros explicaron que su principal petición es la posibilidad de regularizar su estatus sin tener que abandonar la isla. Argumentan que muchos llevan años residiendo en Aruba, trabajando y aportando a la economía local, pero sin acceso a permisos legales.

Los manifestantes señalaron que la opción de salir del país para luego intentar reingresar no es viable para la mayoría, debido a la falta de vuelos hacia Venezuela, la ausencia de visados y la incertidumbre de poder regresar. Aseguran que dejar la isla implicaría perder la vida que han construido. Algunos de los participantes expresaron su disposición a cumplir sanciones administrativas, pagos o trabajos comunitarios como parte de un proceso de regularización, siempre que se les permita permanecer en el país y acceder a un permiso legal.

También manifestaron sentirse solos en esta lucha y denunciaron la falta de acompañamiento por parte de organizaciones venezolanas y del consulado. Por ello, pidieron que su situación se haga visible a nivel internacional y llegue a instancias diplomáticas, incluso en los Países Bajos.

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Respuesta del ministro

Ante la manifestación, el ministro de Justicia e Integración, Arthur Dowers, se pronunció y aseguró que el Gobierno está evaluando la situación de personas con solicitudes de asilo, permisos negados o estatus temporal vencido. El funcionario reiteró que la política migratoria de Aruba no busca incentivar el ingreso irregular por vía marítima, debido a los riesgos asociados y a los esfuerzos del Estado por mantener el control fronterizo. En ese sentido, advirtió que las normas migratorias serán más estrictas a partir del primero de enero.

Dowers explicó que quienes abandonen el país antes del 31 de diciembre no serán deportados administrativamente, lo que les permitiría eventualmente regresar si cumplen con los requisitos establecidos, como obtener un permiso con garante. Asimismo, anunció que en los próximos días ofrecerá una conferencia de prensa, en la que se presentarán los resultados de la evaluación en curso y se informarán las decisiones finales sobre este proceso de flexibilización.

Mientras tanto, el ministro aseguró que el Gobierno busca actuar con justicia y orden, respetando los casos en procesos de apelación o bajo algún tipo de protección legal.