La Asociación de Tiempo Compartido de Aruba (ATSA) pidió una investigación independiente sobre el impacto económico antes de aprobar un aumento del salario mínimo. La organización respalda que quienes trabajan a tiempo completo cubran sus necesidades básicas, pero considera necesario medir los efectos sobre el empleo, los precios y las empresas.
La petición se presenta ante la diferencia entre el salario mínimo legal, situado alrededor de Afl.2.007 mensuales, y el mínimo de subsistencia para una persona soltera, calculado en Afl.2.700 en septiembre de 2026. Según ATSA, cerrar esa brecha de una sola vez representaría un aumento cercano al 35%, equivalente a unos Afl.690 mensuales, sin incluir las cargas patronales.
La asociación estima que las obligaciones patronales, cercanas al 25% del salario bruto, elevarían el costo adicional a unos Afl.860 mensuales por trabajador. Por eso, sostiene que la decisión debe basarse en datos actualizados.
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ATSA advierte sobre efectos en el empleo y los precios
ATSA propone revisar la antigüedad de los datos utilizados para calcular el mínimo de subsistencia. La información sobre gastos de los hogares tiene alrededor de 20 años, según la organización.
También pide analizar los ingresos del hogar e incluir propinas, cargos por servicio, bonificaciones y beneficios como alimentación o transporte. Estos elementos pueden cambiar la comparación entre ingresos reales y costo de vida.
La organización advierte que aumentos grandes y repentinos podrían llevar a reducir horas, frenar contrataciones o acelerar la automatización. Entre los puestos expuestos menciona recepción, cajas, centros de llamadas y labores administrativas.
ATSA añade que los costos de servicios públicos, telecomunicaciones, importaciones, impuestos y alquileres limitan la capacidad de los negocios para absorber nuevos gastos. Si se trasladan a precios, parte del beneficio salarial podría desaparecer.
Como alternativa, propone que CBS y el Banco Central encabecen un estudio independiente. También plantea revisar tarifas de empresas públicas, ofrecer compensaciones fiscales temporales y establecer un aumento gradual con evaluaciones periódicas.
La asociación afirmó estar dispuesta a aportar conocimientos del sector de tiempo compartido al diálogo. Pide medir las consecuencias y definir medidas que mejoren los ingresos sin debilitar el empleo ni elevar el costo de vida.
