El más reciente bombardeo ordenado por el gobierno colombiano dejó en evidencia la crudeza del conflicto interno después de que siete menores reclutados por la guerrilla murieran en una operación militar. La Defensoría del Pueblo confirmó que los adolescentes fallecieron durante un ataque en Guaviare. El hecho corresponde al operativo más letal ejecutado bajo las órdenes del presidente Gustavo Petro. La ofensiva militar se desarrolla en medio de fuertes presiones externas y un ambiente político preelectoral que eleva la tensión nacional. Autoridades forenses indicaron que el balance total de la operación asciende a 20 muertos. Las críticas surgieron de inmediato por el impacto del ataque sobre población vulnerable.
Las declaraciones de Iris Marín, defensora del Pueblo, marcaron la jornada al describir la situación como el reflejo más doloroso de la guerra. La funcionaria alertó que los menores estaban vinculados por reclutamiento forzado y convertidos en objetivos militares. Marín actualizó posteriormente la cifra indicando que entre las víctimas había cuatro niñas y tres niños.
La defensora responsabilizó directamente a la estructura disidente encabezada por alias Iván Mordisco por el uso de menores en sus filas. Sin embargo, también enfatizó que las fuerzas militares están obligadas a adoptar todas las precauciones posibles. Los estándares internacionales exigen evaluar cuidadosamente métodos y medios de guerra. El Ejército reportó el rescate de tres menores tras el bombardeo.
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Giro en la política de seguridad y tensión con Estados Unidos
El presidente Gustavo Petro defendió públicamente la decisión militar afirmando que, de no actuar, tropas jóvenes del Estado habrían quedado expuestas a una emboscada. El mandatario aseguró que tomó la determinación para evitar un escenario de mayor tragedia. Petro recordó que los hombres de Ivan Mordisco avanzaban por la selva y representaban una amenaza inminente. Esta operación se ejecutó en paralelo a recompensas millonarias ofrecidas por el gobierno para capturar al comandante guerrillero. El ministro de Defensa, Pedro Sanchez, sostuvo que la acción se ordenó ante la severidad del riesgo contra tropas estatales.
El gobierno enfrenta además un deterioro en su relación histórica con Estados Unidos, Washington revocó la visa de Petro y retiro a Colombia su certificación como aliado antinarcóticos.
A pocas semanas de que medios locales anticiparán la posibilidad de víctimas menores, las criticas de la oposición se incrementaron. El ministro Sanchez había señalado que quien participa en hostilidades pierde protección, comentario rechazado ampliamente. Las Disidencias del Estado Mayor Central, dirigidas por Morisco, cuentan con uno 3.200 combatientes. Ante la ofensiva militar, estos grupos responden con acciones violentas alimentadas por economías ilegales.
El sábado atacaron con explosivos y drones una estación policial en Cuaca. Una comerciante relató que sobrevivió de milagro al atentado que destruyo su negocio. El ambiente refleja una escalada que combina ofensiva estatal y retaliación guerrillera. La crisis marca uno de los momentos más tensos del gobierno Petro.
