Durante una intervención pública, el parlamentario del PPA, Eduard Pieters, cuestionó la decisión del Gobierno de posponer sin explicación una reunión parlamentaria relacionada con el contrato entre la Aruba Tourism Authority (ATA) y una empresa privada vinculada al proyecto de la zona de desperdicios en Barcadera.
Según explicó, la sesión había sido programada para abordar este acuerdo, pero fue cancelada sin nueva fecha ni justificación oficial, lo que ha generado preocupación dentro del Parlamento. Para el parlamentario, esta decisión afecta directamente la transparencia institucional y el derecho del Parlamento a recibir información clara y oportuna sobre asuntos de interés público.
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A raíz de esta situación, la fracción del PPA presentó una serie de preguntas formales dirigidas al ministro responsable, relacionadas con el proceso de selección de la empresa contratada, la financiación del proyecto, los mecanismos de supervisión y la gestión de residuos en la isla.
Sin embargo, tras la cancelación de la reunión parlamentaria, estas interrogantes permanecen sin respuesta en el debate legislativo, lo que ha aumentado la preocupación sobre la falta de claridad en torno al proyecto.
El parlamentario reiteró que el objetivo de su intervención es exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto por los procedimientos institucionales, y aseguró que continuará dando seguimiento al caso dentro del Parlamento.
