El ministro de Justicia, Arthur Dowers, denunció la existencia de lo que calificó como un nuevo “negocio” alrededor de los permisos de trabajo en Aruba, en el que algunos tramitadores cobrarían a personas por presentar solicitudes que, según afirmó, saben que no cumplen los requisitos para ser aprobadas. El señalamiento fue realizado durante una entrevista con Noticia Impacto, tras la conferencia del ministro ante el Parlamento.
Dowers explicó que algunos tramitadores reciben pagos para presentar solicitudes de permisos para personas que ya permanecen ilegalmente en Aruba, aun cuando conocen que esa condición les impide acceder al permiso. El ministro sostuvo que, después del rechazo, estos mismos tramitadores pueden cobrar nuevamente por presentar una apelación, prolongando un proceso que desde el inicio tendría pocas posibilidades de éxito.
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Cobrar por un trámite que, según Dowers, no tendrá resultado
El ministro cuestionó que los solicitantes sean motivados a iniciar estos procedimientos cuando quienes gestionan los permisos conocen de antemano que la solicitud será rechazada. Según su explicación, el tramitador obtiene un pago por presentar el permiso y posteriormente otro por gestionar la apelación, mientras la persona continúa permaneciendo ilegalmente en Aruba.
Dowers consideró que esta dinámica debe terminar porque, desde su perspectiva, convierte el sistema de permisos en una fuente de ingresos para quienes tramitan solicitudes sin posibilidades reales de aprobación. El ministro insistió en que las personas que no cumplen las condiciones deben regresar a su país y solicitar posteriormente el permiso correspondiente desde el exterior.
Como parte de las consecuencias de permanecer ilegalmente, Dowers mencionó el caso de una persona cuya situación se complicó durante su permanencia en Aruba y afirmó que su familia terminó con una deuda de 250.000 florines relacionada con esa situación. El ministro utilizó este ejemplo para advertir sobre los riesgos de permanecer en el país fuera del marco legal.
Dowers también recordó que los empleadores que contratan trabajadores sin autorización pueden enfrentar multas severas. Según indicó, el Ministerio Público ya ha realizado detenciones y algunos casos han terminado con sanciones económicas.
El ministro aclaró que, desde su perspectiva, Dimas no está negando indiscriminadamente los permisos, sino las solicitudes de personas que no reúnen las condiciones establecidas. Quienes cumplen los requisitos, afirmó, deben esperar el proceso desde el exterior para obtener la autorización correspondiente.
Dowers anunció que esta semana se realizará una nueva evaluación de la situación junto con Dimas y que posteriormente se comunicarán los resultados. Sin embargo, al referirse nuevamente a los tramitadores que presentan solicitudes pese a conocer que no prosperarán, lanzó su principal señalamiento: “Yo creo que esa gente está actuando de mala fe también”.
El ministro sostiene así que el problema no se limita al rechazo de permisos, sino también a quienes cobran por gestionar solicitudes que, según su versión, saben que no cumplen las condiciones para ser aprobadas.
