El Gobierno de Aruba anunció nuevas medidas de control sobre los permisos temporales otorgados mediante el programa Hunto pa Progreso, mientras DIMAS continúa evaluando los resultados de esta iniciativa. El pronunciamiento fue realizado por el ministro de Justicia, Integración, Transporte Público y Energía, Arthur Dowers, quien explicó que las revisiones se realizan tras concluir el programa en diciembre de 2025. El objetivo es garantizar que quienes recibieron la oportunidad de regularizarse hayan cumplido con las condiciones establecidas.
Según explicó el ministro, unas 1.500 personas recibieron permisos temporales de hasta un año como parte de la etapa final del programa. La medida buscaba facilitar la incorporación al mercado laboral formal, permitiendo que los beneficiarios encontraran un empleador y avanzaran posteriormente hacia un permiso regular. Sin embargo, las autoridades detectaron casos en los que algunos participantes no completaron ese proceso, motivo por el cual ahora enfrentan restricciones para continuar dentro del sistema migratorio.
Durante la conferencia de prensa, Dowers señaló que una parte importante de los participantes aprovechó correctamente la oportunidad brindada por el Gobierno. Estas personas lograron formalizar su situación migratoria y aportar legalmente a la economía local, cumpliendo con los requisitos establecidos desde el inicio del programa.
El ministro recordó que el permiso temporal nunca fue concebido como una solución permanente, sino como una herramienta de transición. Por esa razón, quienes no consiguieron un empleador dentro del tiempo permitido no podrán continuar en el proceso ni serán considerados para futuras solicitudes relacionadas con este esquema.
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Revisarán excepciones y reforzarán supervisión laboral
Otro de los puntos abordados por el titular de la cartera fue la preocupación por algunos casos detectados durante las inspecciones. Según indicó, existen personas que solicitaron autorización para desempeñar una función específica, pero posteriormente terminaron realizando labores distintas dentro de la misma empresa.
De acuerdo con Dowers, esta situación afecta la credibilidad del sistema y dificulta una evaluación real de las necesidades laborales existentes en Aruba. Por ello, las autoridades continuarán fortaleciendo los controles para garantizar que los permisos sean utilizados conforme a las condiciones aprobadas.
El ministro también anunció reuniones con representantes del sector comercial y otros actores involucrados para revisar la denominada lista de excepción, un instrumento utilizado para determinar ciertas necesidades del mercado laboral. La actualización de esta lista está prevista para finales de junio de 2026.
Finalmente, Dowers enfatizó que el papel de garante implica responsabilidades legales y morales. Advirtió que cualquier persona involucrada en irregularidades migratorias podría enfrentar sanciones administrativas, cancelación de permisos e incluso deportación cuando la legislación vigente así lo permita. Según concluyó, Aruba continuará abierta a quienes deseen trabajar y contribuir honestamente, pero bajo el cumplimiento estricto de las normas establecidas.
