El Tribunal de Aruba confirmó la autoridad del Gobierno para actuar frente al uso ilegal de escúteres y bicicletas eléctricas en espacios públicos, tras una decisión emitida en el marco de un proceso administrativo. El fallo fue conocido en el contexto de las medidas impulsadas por el Ministerio de Justicia, encabezado por Arthur Dowers, relacionadas con la regulación de estos medios de transporte en la isla.

La decisión judicial establece que el Gobierno puede aplicar controles sobre estos vehículos siempre que se respeten los procedimientos administrativos previstos en la legislación vigente. El objetivo del caso es garantizar el cumplimiento de la normativa y aclarar el alcance de las acciones de control en la vía pública.

El Tribunal indicó que las medidas contra scooters y las bicicletas eléctricas deben ejecutarse estrictamente bajo los procedimientos administrativos establecidos por la ley. Este pronunciamiento surge luego de la prohibición anunciada semanas atrás por el Ministerio de Justicia, que generó dudas sobre la aplicación de los controles en la práctica.

Las autoridades judiciales aclararon que el Estado mantiene facultades para intervenir cuando se detecten infracciones relacionadas con el uso de estos vehículos en espacios públicos. El caso también deja claro que las acciones deben respetar los marcos legales para evitar irregularidades en los procesos de control administrativo en la isla.

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Control administrativo y uso de vehículos eléctricos en Aruba

El ministro Arthur Dowers señaló que acata la decisión del Tribunal y reafirmó que en ningún momento los vehículos fueron confiscados de manera definitiva. Según explicó, los scooters fueron puestos bajo custodia temporal y posteriormente devueltos a sus propietarios una vez identificados los casos.

El Ministerio de Justicia reiteró que la autoridad para actuar ante infracciones se mantiene vigente y será aplicada conforme a la ley cuando sea necesario.

Las autoridades señalaron que pueden imponerse medidas administrativas como multas o sanciones económicas en caso de incumplimiento de las normas de tránsito establecidas. El Gobierno de Aruba destacó que estas herramientas buscan garantizar el orden en las vías públicas y regular el uso de transporte alternativo en la isla.