La Casa Blanca aseguró que Donald Trump no quiere ver personas heridas o muertas en las calles, luego de registrarse fallecimientos durante protestas contra redadas migratorias en Mineápolis. Según la vocera presidencial, Karoline Leavitt, el mandatario considera prioritario restablecer el orden público mientras continúan las manifestaciones diarias contra operativos de la policía migratoria federal.
Las declaraciones se produjeron tras confirmarse la muerte de dos personas durante disturbios relacionados con acciones de control migratorio, un hecho que intensificó el debate político. El caso más reciente involucró a Alex Pretti, enfermero de treinta y siete años, quien recibió disparos cuando presuntamente forcejeaba con agentes fronterizos mientras registraba el procedimiento.
La administración afirmó que el presidente solicitó que la investigación continúe sin interferencias y que los hechos determinen responsabilidades, evitando conclusiones anticipadas sobre el operativo. Desde Washington sostienen que la prioridad es impedir el caos y proteger tanto a civiles como a oficiales, reiterando que las redadas buscan capturar criminales.
Leavitt calificó lo ocurrido como una tragedia que, según su postura, deriva de una resistencia hostil promovida por autoridades demócratas locales, a quienes responsabilizó.
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Tensiones políticas por redadas y ciudades santuario
La portavoz acusó al gobernador Tim Walz y al alcalde Jacob Frey de difundir información engañosa sobre los agentes federales, alimentando desconfianza hacia operativos. De acuerdo con la Casa Blanca, esos funcionarios han pedido la retirada de fuerzas federales de Mineápolis, ciudad catalogada oficialmente como santuario por su limitada cooperación.
El gobierno federal defiende que los agentes arriesgan su vida diariamente para sacar de circulación a extranjeros con antecedentes criminales, argumento central de la política migratoria.Mientras tanto, las movilizaciones continúan en las calles, con concentraciones casi diarias, reflejando una profunda polarización entre seguridad pública y derechos comunitarios.
La administración republicana insiste en que no permitirá violencia ni desorden, aunque sostiene que las operaciones seguirán activas para cumplir la ley migratoria vigente. El debate permanece abierto entre quienes reclaman mayor protección a inmigrantes y quienes exigen controles más estrictos, en un contexto de creciente tensión social.
