En Venezuela, decenas de venezolanos se concentraron frente a la embajada de los Países Bajos, reclamando una revisión del ultimátum que obliga a migrantes irregulares en Aruba a abandonar la isla antes del 31 de enero de 2026. Los manifestantes, con carteles que, según los organizadores, representan a más de mil familias venezolanas en Aruba,  pidieron que las autoridades neerlandesas intervengan en una medida que consideran injusta y perjudicial.

Un vocero de los protestantes explicó que, aunque cada una de las islas del Reino de los Países Bajos, Aruba, Curazao y Bonaire, tiene parlamento y toma decisiones propias, la influencia de Países Bajos es determinante en asuntos de migración y políticas públicas. “Fuimos recibidos cordialmente y les hicimos saber la necesidad urgente de iniciar un diálogo para diferir o paralizar temporalmente la decisión adoptada unilateralmente por el Parlamento de Aruba contra un grupo de venezolanos”, dijo el vocero ante periodistas.

El representante insistió en que una parte importante de los afectados no migró por gusto ni comodidad, sino por necesidad de vida, pues muchos enfrentaron persecución, encarcelamientos o ingresos insuficientes en Venezuela antes de llegar a Aruba. Añadió que varios de ellos han vivido en Aruba durante años, en algunos casos más de cinco, y han formado familias con niños que ya están adaptados a la vida y la escolaridad en la isla.

En ese contexto, la idea de un diferimiento de la medida fue presentada como más humana, frente a una disposición que, según los protestantes, es “compulsiva y violenta” al exigir salidas inmediatas o amenazas de seguimiento migratorio. El vocero destacó también los lazos históricos de hermandad entre Aruba y Venezuela, y señaló que durante años la isla se benefició del turismo venezolano.

Contexto oficial: orden del Gobierno de Aruba

Desde Oranjestad, las autoridades de Aruba han reafirmado que la fecha límite del 31 de enero aplica a todos los migrantes irregulares, incluidos quienes ingresaron por vía marítima, y que el objetivo es una salida ordenada y voluntaria sin antecedentes de deportación.

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El Gobierno indica que quienes se vayan antes del plazo podrán intentar regresar legalmente si cumplen los requisitos administrativos, evitando sanciones migratorias permanentes. Tras esa fecha, quienes permanezcan sin estatus legal quedarán sujetos a procesos de deportación que complicarán futuros ingresos. Con la finalización del programa “Hunto pa Progreso”, Aruba retoma su política migratoria regular, reforzando controles de ingreso y permanencia.