El Gobierno interino de Venezuela puso sobre la mesa una nueva estrategia económica enfocada en el crudo, al presentar un plan para atraer inversión extranjera y reactivar la industria petrolera nacional. Durante un encuentro con empresarios transmitido por la televisión estatal, Delcy Rodríguez aseguró que la meta es convertir al país en un gigante productor, dejando atrás años de caída productiva.
La mandataria explicó que el Ejecutivo proyecta un aumento del 55 % en la inversión petrolera para 2026, apoyado en una mayor participación privada y nuevos esquemas de financiamiento externo. Según las cifras oficiales, la inversión pasó de casi 900 millones de dólares el año pasado a una proyección de 1.400 millones, compromisos ya firmados con compañías interesadas.
Rodríguez insistió en que el país posee las mayores reservas del planeta, pero necesita capital y tecnología para explotarlas, por lo que promueve cambios legales urgentes en el sector. En ese contexto, avanzó la reforma de la Ley de Hidrocarburos, aprobada en primera discusión parlamentaria, con el objetivo de facilitar contratos flexibles entre el Estado y empresas privadas.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sostuvo que es el momento de disparar exponencialmente la producción, y que la única vía posible pasa por atraer capital extranjero de inmediato. El texto incorpora Contratos de Participación Petrolera, mecanismos que permiten a firmas nacionales y foráneas operar exploración y extracción con mayores libertades administrativas bajo supervisión estatal.
De acuerdo con el Ejecutivo, ya existen 29 contratos suscritos, considerados por la presidencia encargada como un modelo exitoso que ayudó a sortear sanciones y restricciones financieras. Mientras tanto, representantes empresariales como la estadounidense Chevron agradecieron las condiciones planteadas, destacando su disposición a aportar experiencia técnica, seguridad operativa e innovación tecnológica.
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Apertura económica en medio de tensiones políticas
El impulso petrolero ocurre tras un giro diplomático con Estados Unidos, luego de la captura de Nicolás Maduro, escenario que abrió negociaciones comerciales y energéticas.
Paralelamente, el Gobierno anunció excarcelaciones de detenidos por razones políticas, con cifras oficiales que superan las 800 liberaciones, aunque organizaciones civiles reportan números menores verificados. El Foro Penal confirmó 383 casos confirmados desde diciembre y pidió transparencia, mientras familiares de presos reclaman mayor celeridad, exigiendo respuestas concretas sobre cada expediente.
Con este panorama, Caracas apuesta a que el petróleo vuelva a ser motor económico, combinando capital extranjero, reformas legales y alivio político para estabilizar el país.






